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El presidente del Senado, Renan Calheiros, dijo que el tema no era urgente y debería ser presentado al Congreso en un proyecto de ley, en lugar de un decreto temporal que eluda a los legisladores.
Rousseff respondió inmediatamente enviando al Congreso una propuesta legislativa para recortar las exenciones de impuestos, diciendo que el cambio no interfiere con el plan de ahorros fiscales del Gobierno.
El decreto tiene un efecto inmediato, pero debe ser aprobado por el Congreso dentro de 60 días para convertirse en ley y puede ser extendido por otros 60 días antes de que expire.
En una medida aplaudida por los mercados financieros, Rousseff tomó el viernes la decisión de recortar los beneficios tributarios a las nóminas de pago y a los ingresos por exportaciones para ahorrar al Gobierno hasta US$2.390 millones este año y disminuir así su creciente déficit de presupuesto.
La nueva campaña de austeridad fiscal amenaza con llevar a Brasil a una profunda recesión, lo que ha generado la oposición de legisladores e incluso de miembros de alto rango de su propio Partido de los Trabajadores, quienes quieren suavizar las medidas de ahorro.
Desde su reñido triunfo electoral en octubre, Rousseff ha dado un dramático giro en su política económica para recuperar la confianza de los inversores, preocupados con la salud financiera de una economía que hasta hace poco era una de las más dinámicas del mundo.
Calheiros, miembro del principal aliado político de Rousseff en el Congreso, el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), dijo que su Gobierno estaba pisoteando el derecho constitucional del Congreso a legislar sobre temas importantes que afectan a los brasileños, como subir los impuestos.
Líderes opositores elogiaron la decisión de Calheiros de reafirmar la independencia del Senado, lo que hará más difícil a Rousseff conseguir la aprobación de los proyectos de ley de ajuste fiscal necesarios para evitar una rebaja de la calificación crediticia del país.
La sorpresiva decisión de Calheiros, quien fue un aliado leal de Rousseff durante su primer mandato, se da en momentos de tensión en el Congreso, donde los políticos temen que serán implicados en un escándalo de corrupción que envuelve a la estatal Petroleo Brasileiro SA.
Una de las medidas criticadas incluye un controvertido decreto que recorta los beneficios de desempleo y pensiones para ahorrar a las arcas estatales unos US$6.143 millones este año.
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