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De concretarse esta enajenación, este movimiento se uniría a las que se realizaron en 2007 y 2011 bajo el amparo de la Ley 1118 de 2006.
Los $10 billones que recogería el Gobierno con la posible venta de 8,5% de las acciones de Ecopetrol fue un debate que puso sobre la mesa la semana pasada el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En el posible escenario de que la enajenación de títulos no se logre, la Nación tendría dos caminos: conseguir el dinero con otras fuentes de financiación o esperar más de 38 años para que los dividendos de solo ese porcentaje accionario le dejen ese monto al país.
La razón por la que reunir este dinero tardaría tanto tiempo se debe a que, por ejemplo, para 2018 la petrolera colombiana repartió un total de $3,6 billones en dividendos ($3,2 billones para la Nación, por 88,49% de participación, y más de $421.000 millones por 11,5% que tienen los privados y minoristas).
Tomando como referencia esta cifra, significa que ese 8,5% de participación dejó $274.922 millones en 2018. Por esto, esta participación tardaría 38 años en alcanzar los $10 billones que se obtendrían ya si se realiza la venta ahora.
Pese a que la variable en años no es exacta, debido a que varía dependiendo de la volatilidad del precio del petróleo y el plan de inversiones de la compañía, esa ecuación encaja con las proyecciones de dividendos que dejaría Ecopetrol en los próximos años.
Así lo confirmó Andrés Moreno, experto bursátil, quien aclaró que para “el Gobierno es mejor ofertar las acciones ahora porque recibiría un buen dinero para sopesar el déficit del Estado y no tener que realizar una segunda reforma tributaria en los próximos años”.
Mario Valencia, vocero de Justicia Tributaria, explicó que “ese 8,5% significa, en promedio, cerca de $600.000 millones al año. Ese un estimado que hemos hecho en los últimos cinco años, por lo que al mirarlo en términos financieros, sí se demorarían cerca de 20 años en reunir $10 billones”.
Ahora, el experto consideró que el Estado pierde más vendiendo que dejando esas acciones, “porque la principal fuente de recursos del Estado hoy es Ecopetrol. Esta venta sería para réditos políticos y no representa una importante cantidad para que el Gobierno tome esa decisión”, explicó Valencia.
“Ese 8,5% significa, en promedio, cerca de $600.000 millones al año. Ese un estimado que hemos hecho en los últimos cinco años.
La venta de este porcentaje por ahora es una de las opciones más atractivas que tiene el Gobierno para financiar obras de infraestructura y programas sociales.
De concretarse esta enajenación, este movimiento se uniría a las que se realizaron en 2007 y 2011 bajo el amparo de la Ley 1118 de 2006, que, en términos generales, estableció que la Nación debe tener, como mínimo, una participación de 80% en Ecopetrol.
La idea ahora deberá ser analizada por el Ministerio de Hacienda y debe ser aprobada por el presidente, Iván Duque.
El cálculo se hizo tras conocerse el resultado del análisis de la información de suficiencia que sirve de base para el dato
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