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La cifra, según el gremio, debería estar en 50.000 vehículos actualmente.
En el marco de la edición 42 del Congreso Internacional de Transporte de Carga y su Logística que se lleva a cabo en Barranquilla, el presidente ejecutivo de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, hizo énfasis en que la política de chatarrización “ha tenido un desempeño muy pobre”.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Transporte, desde su inicio (en 2005) hasta los últimos registros de 2016, 26.582 vehículos han sido chatarrizados, cuando, según Rodríguez, la cifra debería estar alrededor de 50.000.
De hecho, el ritmo de chatarrizaciones más elevada estuvo entre 2014 y 2015, puesto que se desintegraron 4.848 y 3.942 vehículos, respectivamente. En el caso del año inmediatamente anterior, la cifra llegó a 2.554.
“Para disminuir el número de vehículos de más de 20 años, que en Colombia son más de 93.967, deberíamos tener un ritmo de por lo menos 8.000 al año. Por ejemplo, para este año, la cifra no va a llegar ni a 3.000”, afirmó Rodríguez.
Precisamente, para lograr esos 8.000 vehículos chatarrizados por año, se necesitarían por lo menos $2 billones según dijo el directivo de Colfecar.
Dentro de las razones de tal desempeño, el directivo afirmó que la chatarrización no obedece a una política pública, por lo que ha planteado la posibilidad de que se establezca una vida útil para los vehículos de carga.
“Al establecerse una vida útil, el propietario de un vehículo, podría tener la posibilidad de ahorrar desde el momento de la compra hasta el fin de su vida útil. Así, cuando llegue el momento de la chatarrización, puede tener ya una parte para comprar un vehículo nuevo si quiere seguir haciendo parte del negocio”, explicó Rodríguez.
Así mismo, un estudio realizado por Colfecar evidenció que, del dinero recaudado para el programa, la ejecución más baja se dio en 2012, pues se apropió $150.300 millones y se ejecutó tan solo $28.561 millones que equivale a 19% del total apropiado, con lo que quedó un remanente por ejecutar de $121.739 millones.
Para no ir más lejos, en 2016, aunque se solicitaron $250.000 millones solo se apropiaron $150.000 millones, de los cuales se pagaron $117.815 millones en diciembre, lo que indica que se presentó una ejecución de 78%.
Es importante recordar que la resolución 10500 de 2003 estableció la política de ingreso de vehículos por reposición y a través del decreto 3525 de 2005, se estableció el uso de la figura conocida como caución.
“Para disminuir el número de vehículos de más de 20 años (alrededor de 216.000), deberíamos tener un ritmo de por lo menos 8.000 al año”.
“La chatarrización es necesaria pero hay que acelerarla, por eso es necesario determinar una vida útil para los vehículos”.
¿Qué significa esta caución? Es una garantía que da una persona en cumplimiento de un pacto, es decir, que el solicitante constituya una caución (la cual consistía en una garantía bancaria o póliza de seguros) a favor del Ministerio de Transporte, garantizando que el cumplimiento del proceso de desintegración se llevara a cabo en un tiempo máximo de tres meses.
Dicha caución se hacía exigible cuando el solicitante no llevaba a cabo el proceso desintegración vehicular. En este sentido, la firma aseguradora debía pagarle al MinTransporte un dinero por el no cumplimiento de la desintegración del automotor.
Ya en 2008, con el decreto 2085, se creó el programa de promoción para la reposición y renovación del parque automotor de carga, con el objetivo de promover su modernización. Igualmente, se estableció que el financiamiento de este programa sería por el recaudo recibido de las cauciones exigibles.
Precisamente, Rodríguez señaló que entre 2008 y 2012 se recaudaron $1,19 billones por dicho concepto. Sin embargo, con el decreto 1769 de 2013 se derogó la caución, con lo que se eliminó la posibilidad de adquirir pólizas para el ingreso de nuevos vehículos. Desde ese momento, solo se permitió la entrada de nuevos automotores si el propietario del nuevo desintegraba uno viejo (20 años) equivalente en peso y capacidad.
Con la resolución 7036 de 2012 quedaron establecidas dos formas para la desintegración física total de vehículos de carga.
La primera, por reconocimiento económico, es decir que, si un propietario chatarriza su vehículo se le reconoce un monto de dinero por llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, para un tractocamión de tres ejes el valor es de $70 millones.
El segundo es la desintegración física por reposición vehicular, la cual se puede dar en cuatro escenarios: por desintegración física total, por destrucción total, por hurto y por reconocimiento económico. Así, para el caso del tractocamión de tres ejes, el valor sería de $35 millones.
“Los costos operativos son la tarifa”
Así lo afirmó el presidente ejecutivo de Colfecar, cuando se refirió a que el Sice-Tac (sistema de información de costos eficientes para el transporte automotor de Carga), es la misma tabla de fletes con un nombre distinto. “Cuando la empresa de transporte de carga negocia con el generador tiene como parámetro obligatorio ese Sice-Tac y si no se cumple, se sanciona a la compañía”, afirmó el directivo. También hizo énfasis en que el gremio no pide subsidios, sino que se alivien los costos operativos. Una de las propuestas es una tarifa trimestral de aumento para el Acpm.
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