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En el mismo período de 2014, las multas que realizó la SuperSalud ascendían a $15.000 millones.
“Lo más importante de este dato es que $43.000 millones han sido por sanciones a EPS e IPS por afectación o fallas en la prestación de los servicios de salud”, explicó el funcionario.
Otro monto que se destaca en las sanciones tiene por concepto el flujo de recursos y que consiste en la solicitud que han presentado las clínicas y hospitales sobre las deudas que tienen las EPS. Debido a los retrasos en estos pagos, el ente supervisor ha impuesto $12.500 millones en sanciones.
El tercer grupo de sancionados corresponde por problemas en los reportes de información a la Superintendencia de Salud, lo que ha llevado a ejecutar multas por $11.000 millones.
Adicionalmente, el funcionario agregó que la entidad ha logrado la conciliación de $200.000 millones con las empresas vigiladas para que realicen el pago de las sanciones.+
Los retos de 2016
El superintendente de Salud reveló además el Plan Estratégico para el año entrante en el que se concentran cuatro pilares de ejecución.
El primero tiene que ver con la creación de cuatro oficinas regionales de la entidad que serán ubicadas en Nariño, San Andrés, Meta y Risaralda. Actualmente, la SuperSalud tiene seis regionales que se encuentran en Valle del Cauca, Huila, Santander, Chocó, Atlántico y Antioquia.
El segundo punto está relacionado con el decreto de habilitación financiera, expedido por el Gobierno en 2011, y en el que la SuperSalud presentará el balance sobre la primera meta de capitalización de las EPS. “Las EPS que no hayan capitalizado en diciembre de 2015 van a tener un requerimiento de la Superintendencia”, agregó.
La tercera pauta para iniciar el 2016 va por cuenta de fortalecer la entidad y las sanciones sobre sus afiliados. En este punto, Norman Julio explica que se reglamentará el proceso de sanciones con el fin de que los usuarios ya no acudan a la Corte Constitucional, a través de tutelas, para hacer valer el derecho a la saludo, sino con la SuperSalud.
“Nuestro cuarto reto es que los usuarios no recurran a la tutela sino a la Superintendencia que va a tener funciones judiciales para que nosotros seamos los que damos las ordenes para que se cumpla con el derecho a la salud”, puntualizó el funcionario.
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