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Departamentos critican que la gestión de recursos pase a ministerios sectoriales y les quite autonomía y gobernanza dentro de sus territorios
Después de que el Gobierno Nacional radicara en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca regular la reforma del Sistema General de Regalías, la Federación Nacional de Departamentos (FND) liderada por Juan Guillermo Zuluaga, presentó una lista de cuatro inquietudes ante los cambios que traería el nuevo articulado.
Dentro del pronunciamiento de la FND se resalta, en primer lugar, que las medidas propuestas generan pérdida de autonomía, de igualdad y reducción de recursos frente a la remoción de 50% correspondiente a la Asignación para la Inversión Regional, que hoy pertenece a los territorios. Según el gremio, esta propuesta del Gobierno pretende crear una “bolsa concursable” en cada región, donde las autoridades departamentales tendrán que competir para lograr dineros de inversión en proyectos territoriales.
Otro de los aspectos que preocupa a la FND es la eliminación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ocad Ctel) y la creación de la Bolsa Nacional Concursable Ctel, donde nuevamente, las entidades departamentales deberán pujar con sus proyectos por la asignación de presupuesto.
Este punto del proyecto pretende desplazar las funciones del Ocad Ctel al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se encargaría de la administración de los recursos destinados a proyectos. Esta eliminación, para la FND, significa la pérdida de gobernanza y la eliminación por completo de la posibilidad de que las entidades territoriales puedan participar en la creación de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación.
A esto se suma la eliminación de las Secretarias Técnicas presentes en las seis regiones, que pasarán al control del DNP, ente que administraría los recursos destinados para el fortalecimiento de las entidades, los cuales que se venían asignando directamente y rondan $125.000 millones.
Finalmente la FND argumentó que el planteamiento del Gobierno significa la centralización de las decisiones de carácter técnico y pone en manos de cada ministerio el manejo de los recursos, generando así la pérdida de autonomía y gobernanza de los organismos regionales.
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