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Pocos días después de la posesión de la nueva ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, el director del Invías, Carlos Rosado Zúñiga, presentó su renuncia, a través de una carta al presidente Juan Manuel Santos, argumentando que necesita tiempo con su familia.
La Contraloría General de la República le había abierto un proceso de responsabilidad fiscal a Rosado Zúñiga por un presunto daño patrimonial de 105.675.000 pesos. Proceso dentro del cual también está implicada la Sociedad Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores, del Grupo Nule.
El juicio fiscal, según la Contraloría, se derivó de las gestiones “antieconómicas, ineficientes e ineficaces”, que se dieron en la interventoría al contrato de obra de la pavimentación de unas vías en el departamento del Cauca:
En su momento, la Contraloría ordenó embargo de bienes de los implicados, dentro de ellos el salario del director del Instituto Nacional de Vías, sin embargo, el funcionario presentó una póliza que cubrió el valor del presunto detrimento patrimonial.
Para el ente de control fiscal, el director del Invías “omitió adelantar actuaciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones y dejó de efectuar un control de tutela adecuado en el manejo de las actuaciones necesarias para la liquidación de este contrato y por lo tanto la recuperación de los recursos del anticipo girado”.
Finalmente, la Contraloría le solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar a Rosado por haber alterado la verdad procesal con un boletín de prensa de la entidad a su cargo.
En dicho boletín, se afirmaba que la Contraloría General de la República “levantó el embargo del salario del director del instituto por no encontrar méritos para mantenerlo dentro del proceso adelantado por un presunto daño patrimonial por más de 105 millones de pesos”.
Pero la Contraloría consideró que ese comunicado faltaba a la verdad porque en la audiencia verbal de descargos, que se realizó ese 4 de julio, se levantó la medida cautelar de embargo al salario porque Rosado y su apoderado presentaron una póliza de Seguros del Estado, garantizando el pago del detrimento patrimonial.
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