“Reglas del juego de la financiación política van a cambiar en este 2018”

A pocos meses de las elecciones de Cámara, Senado y Presidencia en Colombia, la Procuraduría General de la Nación en manos de Fernando Carrillo, ya tiene listo el plan de acción y vigilancia para que sean unas elecciones transparentes.

¿Cuáles son los planes de la Procuraduría de cara a este año electoral?
Yo creo que este es un año muy sui generis precisamente porque va a ser la primera vez que no tenemos a las Farc como actor armado por lo menos en buena parte de sus tropas, pero en todo caso las reglas de la política tienen que ser diseñadas específicamente para los retos históricos que tiene este año 2018. Una, por ejemplo, la contratación de funcionarios para cumplir con recursos públicos, funciones públicas, que muchos creen que pueden hacer política, lo digo abierta y contundentemente, no pueden hacer política.

¿Eso incluye contratistas, proveedores externos, también?
No, incluye básicamente contratistas que con recursos públicos cumplen funciones públicas, es lo que se llama la bendita nómina paralela al Estado, que es una de las grandes aberraciones del Estado colombiano rompiendo el equilibrio que debe garantizar una contienda electoral.

¿Las firmas de funcionarios públicos en las listas de campañas presidenciales también es participar en política?
No lo creo, porque simplemente ahí no existe ningún tipo de influjo que rompa el equilibrio electoral, como dicen una firma no se le niega a nadie y de hecho una persona le puede firmar a los 53 candidatos que están postulándose por firmas, yo creo que lo grave es cuando se abusa de la función pública, en el espacio público, con recursos públicos y eso afecta el equilibrio electoral.

¿Qué puede y qué no puede hacer un funcionario de cualquier despacho del Estado frente a un periodo electoral para no incurrir en actos de indisciplina administrativo?
Una persona que tiene la investidura pública, porque así lo dice la Constitución, en Colombia no puede hacer política electoral, es decir no se puede participar activamente en las campañas, no se puede tratar de influir a terceros, no se puede romper el equilibrio que debe tener el Estado a través de sus funcionarios públicos en la contienda electoral.

¿También va a tener un plan especial entiendo para que la gente cumpla la famosa ley de garantías?
Sí, yo creo que aquí lo fundamental es establecer cuáles son las fechas límites. En el caso de las elecciones, como se sabe, la elección parlamentaria es para el primer domingo de marzo, la elección presidencial es para el último domingo de mayo y si hay necesidad de una segunda vuelta, 20 días después y la ley de garantías rige para los dos procesos electorales que son por supuesto independientes. El proceso de ley de garantías supone de nuevo que nadie interfiera de manera alguna en la voluntad de los electores acudiendo a la contratación por parte del Estado.

¿Cómo será el tema de la financiación de las campañas?
Yo creo que las reglas del juego de la financiación dentro de la política van a cambiar en este 2018. Van a cambiar primero por lo que ha sido el efecto Odebrecht en todo el tema el financiamiento de las campañas, yo creo que el sector privado está bastante preocupado por decirlo de manera clara frente a cómo se van a financiar las campañas y ojalá hubiera un gran pacto de los empresarios, de los gremios del país para que haya transparencia en la entrega de los dineros, para el financiamiento las campañas.

¿Empresas privadas que de alguna manera tengan el manejo de dineros públicos a través de una licitación o un contrato, una APP, también puede ser objeto de este tipo de vigilancia?
Sí, yo creo de nuevo que tal vez el criterio es, primero que manejen recursos públicos, segundo, que cumplan funciones públicas y el cumplimiento de la función pública. Es, por ejemplo, el cumplimiento propio de un Ministerio o de cualquier entidad pública, si se está cumpliendo una función pública, por supuesto existe el impedimento para participar en política.