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El Departamento Nacional de Planeación advirtió que se pueden perder 362.000 puestos de trabajo con reducción de producción
El Departamento Nacional de Planeación presentó los resultados de un estudio que hizo con la Agencia Francesa de Desarrollo y la Cepal sobre el impacto de una reducción a la mitad de la producción de petróleo y carbón en el empleo, el PIB y la pobreza.
De acuerdo con el DNP, la elaboración del estudio se basó en dos modelos para desarrollar un escenario antes de la implementación de acciones de política, partiendo de la premisa de una reducción a la mitad de la producción de petróleo y carbón, para encontrar los desafíos que tendría la administración pública entre 2023 y 2030.
Se prevé, entonces, que se podrían perder unos 362.960 empleos en total. Desagregado, el efecto en los departamentos petroleros es una disminución en la producción de crudo de 12,1% y una pérdida de 117.000 puestos de trabajo.
Para los departamentos productores de carbón el impacto es de una reducción de 11,8% en la producción y una eliminación de 145.000 empleos. Y se perderían otros 100.000 puestos de trabajo en el resto de departamentos. En ese mismo escenario, se estimó que el PIB puede retroceder un 3,5% si la transición no se hace de manera gradual.
La pobreza moderada, por otro lado, podría aumentar 3,26% y la pobreza extrema 1,4% para el primer año de análisis del modelo.
El estudio tomó como referencia los departamentos carboníferos del país (Cesar, Córdoba, La Guajira y Norte de Santander) y los departamentos petroleros (Arauca, Casanare, Meta, Santander y Putumayo).
“Las principales conclusiones que destacamos es que la dimensión económica, medioambiental y social deben tomarse de manera conjunta para estar en línea con la visión de la agenda 2030. El objetivo de reducción y superación de la pobreza, junto a la protección del planeta son convergentes en la política pública”, indicó Raúl Holz, oficial de la División de Desarrollo Social de la Cepal.
Las recomendaciones
Las entidades recomendaron buscar incentivos para aumentar la producción en los sectores agrícola, de la agroindustria y el turismo. Se prevé que al aumentar la oferta de empleo en estos tres sectores, de los 117.000 empleos que se perderían en el sector petrolero, se podrían generar 93.000 puestos de trabajo.
En el sector del carbón, por otro lado, de los 145.000 que se perderían, se podrían compensar hasta 120.000 empleos si se incentiva una mayor producción en esas tres ramas de actividad. También se plantea que para aquellos empleos que no se logren absorber con las medidas anteriores, se implemente un programa de transferencia monetaria de $1 millón, así como apoyos en la capacitación en actividades más sostenibles.
“El país puede irse anticipando con estructuras de protección social y se pueden tener como alternativas algunos programas de transferencias monetarias, así como de formación para el trabajo con el objetivo de ir haciendo el ajuste en las actividades económicas de las regiones donde el sector extractivo tiene una alta participación y puedan hacer tránsito a lo que se ha denominado empleo verde”, dijo Horacio Coral, director de Desarrollo Social del DNP.
Se aclaró que si bien una política enfocada al desarrollo de los sectores de la agroindustria y el turismo ayuda a mitigar la reducción en la producción y el empleo a nivel regional, no logra mitigar completamente los efectos negativos de la descarbonización.
Así mismo, una política de subsidios ayuda a reducir la probabilidad de caer en la pobreza, pero no contribuye a mitigar los efectos de la reducción en empleo y producción.
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