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Recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet
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Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que este manejo está respaldado por auditorías integrales realizadas por la firma Amezquita & CIA S.A.S.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) “están bajo administración segura y transparente”.
Actualmente, 25,09% es gestionado por el consorcio Prag, el cual es integrado por Fiduprevisora y Fiduagraria. Mientras que 74,91% restante está a cargo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, bajo las disposiciones establecidas en la ley.
Desde la cartera indican que “este manejo está respaldado por auditorías integrales realizadas por la firma Amezquita & CIA S.A.S., que garantizan el cumplimiento del régimen de inversiones previsto en la normativa vigente”. Y añaden “un equipo contable especializado reporta trimestralmente a la Contaduría General de la República, certificando la situación financiera del Fondo, información que se encuentra publicada en la página web del Ministerio para consulta pública”.
Según lo informado, dicen que a la fecha no existe ninguna pérdida de recursos en el Fonpet. Y que el Ministerio ha atendido todas las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, entregando la documentación requerida para verificar el estado de las inversiones.
El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) es un mecanismo creado para garantizar el pago de las pensiones de los empleados públicos de las entidades territoriales, como municipios, departamentos y distritos. Fue establecido mediante la Ley 549 de 1999 con el objetivo de enfrentar el déficit pensional y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el sector público territorial.
Tiene como objetivos proveer recursos para financiar las pensiones de los empleados públicos de las entidades territoriales y reducir la carga fiscal que las pensiones representan para las finanzas locales y garantizar el pago oportuno a los pensionados.
Además, ayuda a evitar problemas de impago de pensiones en las entidades territoriales y contribuye a la estabilidad fiscal de los gobiernos locales al liberar recursos que antes debían destinarse directamente al pago de pensiones.
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