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El Gobierno Nacional ya le entregó al Congreso de la República el proyecto de ley por medio del cual busca modernizar la legislación actual que permite la ejecución de los diversos proyectos de infraetructura, pero en muchas ocasiones no se pueden desarrollar por falta de una normatidad moderna.
El proyecto lo radicó en la secretaría general del Senado, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa Glen, quien manifestó que este texto se dio como resultado de un diagnóstico nacional a los principales obstáculos que frenan la infraestructura en el país.
"Estas reglas permitirán mejorar y optimizar los tiempos de expedición de los trámites ambientales, sin afectar la revisión detallada de las autoridades sobre los proyectos de infraestructura", sostuvo la ministra.
De acuerdo a Álvarez, son cuatro los principales problemas identificados y que con la ley se esperan superar en el futuro.
El primero son los predios, con la ley el Estado dispondrá de herramientas para asegurar la entrega y la disponibilidad inmediata del predio sin que se detenga la construcción de la obra, con fundamento en el principio de prevalencia del interés general sobre el particular pero sin disminuir las garantías a los propietarios en materia de pago justo y debido proceso.
“Hoy, cuando un proyecto de infraestructura de transporte necesita adquirir predios y no hay acuerdo con el propietario, la entrega del predio depende de un proceso jurídico engorroso que puede llegar a demorar hasta tres años”, señaló la ministra.
Otro tema son las redes de servicios públicos, al respecto el proyecto indica que se adoptarán las reglas y procedimientos generales para ubicación de redes, costos de traslado, criterios para su valoración económica y asignación de responsables de los costos de la infraestructura y traslado.
Para la ministra, en la actualidad “no hay normas que definan responsabilidades al momento de asumir los costos de trasladar las redes de servicios públicos cuando se construyen proyectos de infraestructura de transporte que así lo requieren”.
En cuanto a los conflictos con permisos mineros, el proyecto plantea que “basados en el principio de primacía del interés general sobre el particular, prevalecerá la obra de infraestructura sobre el título minero, especialmente para efectos de la entrega del mismo a fin de construir la vía, de manera que el proyecto de infraestructura de transporte se realiza y se indemniza al poseedor del título”.
En la actualidad, cuando en una zona se han expedido títulos mineros y por ella debe pasar un proyecto de infraestructura de transporte se presentan numerosos conflictos para poder acceder a estos terrenos.
El último aspecto que busca esta ley modernizar es el problema con las licencias ambientales debido a que los tiempos para los trámites de las licencias son amplios y no dependen siempre de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
“Con esta Ley, establecemos reglas claras sobre el contenido y alcance de los estudios que se deben presentar ante las autoridades ambientales para efectos de obtener los permisos y licencias ambientales en cada etapa de los proyectos de infraestructura. Estas reglas permitirán mejorar y optimizar los tiempos de expedición de los trámites ambientales, sin afectar la revisión detallada de las autoridades sobre los proyectos de infraestructura”, concluyó la ministra.
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