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El Ministerio Público comprobó que durante la vigencia 2011 la entonces funcionaria no adelantó de forma eficaz y oportuna las gestiones correspondientes ante el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) a fin de obtener dentro del término correspondiente la movilización de subsidios de vivienda asignados a 237 familias. Con esta actuación se generó un perjuicio a este grupo poblacional, beneficiario de estos subsidios debido a su condición de bajos ingresos económicos y altas condiciones de vulnerabilidad, en la medida en que el término se venció y los recursos se consignaron en la Dirección del Tesoro Nacional.
Igualmente, la Procuraduría sancionó a la señora Mosquera Cuesta por otorgar, sin especificar criterios de preferencia o prioridad, 42 subsidios familiares de vivienda en diciembre de 2011 por valor total de 500 millones de pesos, excediendo el monto fijado por el Decreto 2190 de 2009 y a pesar de que dichos subsidios se encontraban vencidos desde el 31 de marzo del mismo año y se habían otorgado previamente a 237 familias beneficiarias.
Las faltas disciplinarias cometidas por la entonces gerente de Corvivienda fueron calificadas como graves, cometidas a título de culpa gravísima.
El fallo de primera instancia quedó en firme y debidamente ejecutoriado, pues dentro de los términos de Ley ni la disciplinada ni su apoderado presentaron el recurso de apelación. Los 10 meses de suspensión son convertibles en el equivalente a 10 meses del salario devengado por la exfuncionaria para la vigencia 2011.
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