Procuraduría acompañará proceso con Cerro Matoso

El ministerio de Minas y Energía le solicitó a la Procuraduría un acompañamiento preventivo para la interpretación del contrato 051 de 1996, del cual se pide prórroga para la explotación minera por parte de Cerro Matoso S.A.

La solicitud surgió después de la reunión entre el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, quienes analizaron la estrategia adoptada por el Ministerio y por la Agencia Nacional de Minería para abordar la decisión de prorrogar o no los contratos de explotación minera con Cerro Matoso.

También harán parte de la solicitud de asesoría la conveniencia de prorrogar los contratos según lo dispuesto en la Ley 865 de 2001; los términos de negociación entre la Nación y Cerro Matoso para que mejoren las condiciones para la Nación y la verificación de que se han cumplido con todos los compromisos y obligaciones contractuales de la empresa.

El jefe del Ministerio Público manifestó durante la reunión el interés que le asiste a este Organismo de Control para que se garantice la transparencia en el proceso y se protejan los intereses de la sociedad colombiana. En este sentido dio instrucciones para que la Procuraduría adelante el acompañamiento preventivo solicitado por el Ministerio de Minas y Energía.

La procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Tatiana Londoño Camargo, señaló que el Ministerio Público formulará las respectivas recomendaciones y sugerencias a la luz del ordenamiento jurídico, precisando que no corresponde a este Organismo de Control conceptuar sobre el caso ni definir cuál es la decisión que se debe adoptar, pues de lo contrario se estaría incurriendo en una coadministración.

La funcionaria dijo que el despacho a su cargo analizará la documentación jurídica y técnica que remita el Ejecutivo, y presentará recomendaciones, estrictamente desde la órbita preventiva, para que en el proceso se garantice la moralidad pública y la protección de los intereses de los colombianos.