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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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Superintendencia de Servicios anunció que pasivo pensional de Electricaribe podría reglamentarse por Plan de Desarrollo.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que en su ejercicio de control y vigilancia de funciones identificó cobros no autorizados por $15.773 millones en las tarifas aplicadas por 14 empresas prestadoras a 2,7 millones de usuarios.
La Superservicios informó que estas empresas aplicaron de forma inadecuada la metodología tarifaría expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico generando cobros no autorizados.
"Seguiremos con este trabajo de vigilancia y control para lograr nuestro objetivo objetivo como entidad técnica encargada de proteger los derechos de los usuarios", explicó Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos.
Avendaño resaltó que las devoluciones se harán mediante la factura a los usuarios, pues, en términos generales, esa será la forma por la que los usuarios recibirán el dinero.
En medio de estos anuncios la funcionaria también explicó que en este momento la entidad tiene intervenida 10 empresas de servicios públicos, entre ellas: la de Yopal, Cartago y Electricaribe.
En el caso de Electricaribe, Avendaño anunció que para este año se tienen planeadas inversiones por $781.000 millones. "La deuda de la empresa asciende a $2,4 billones y su pasivo pensión a $1,2 billones. Estamos en búsqueda del operador y esperamos que a finales de marzo se defina cómo será la segmentación de la empresa"; dijo.
En términos generales, la superintendente explicó que se tendrá que segmentar a la empresa. Es decir, dividirla en dos o tres partes para poder venderla a los nuevos operadores. Esto, debido a que tras el fallido proceso de venta del año pasado, la Superservicios tomó la decisión que varias empresas tomaran los activos de esa firma.
Se espera que a finales de marzo se defina cómo será la segmentación. Igualmente, antes de terminar este mes se definirá si el pasivo pensional a cargo de la Nación entra por Plan de Desarrollo o por ley.
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