MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
Además advirtió que la economía se está deteriorando, que la inversión extranjera va en descenso, mientras el gasto público y la burocracia "se disparan"
El presidente de Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que en Colombia no se puede convocar un proceso constituyente sin la aprobación del Congreso. El dirigente gremial recalcó que, desde el siglo XX, el sistema electoral no permite el uso de "papeletas" y que la única autoridad facultada para establecer el calendario electoral es el registrador nacional del Estado Civil.
Cualquier intento distinto, enfatizó, "constituye una violación flagrante de la Constitución y del principio de separación de poderes".
Cabal agregó que el Gobierno debería concentrarse en resolver las graves crisis que "está generando en todos los frentes", en lugar de "lanzar globos que todos saben que son inviables y que solo nos acercan a convertirnos en una república bananera".
"Los más afectados: nuestros jóvenes, que empiezan a ver la migración como única salida. Un reciente estudio de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung revela que seis de cada 10 jóvenes quieren emigrar, 52% por la crisis económica y 43 % por falta de empleo. Esto es una tragedia generacional en marcha", aseguró.
Además advirtió que la economía se está deteriorando, que la inversión extranjera va en descenso, mientras el gasto público y la burocracia "se disparan". Al mismo tiempo indicó que la situación de seguridad se agrava y la regla fiscal está siendo "vulnerada impunemente".
Contempla aportes voluntarios, mediante los cuales se podrá destinar un porcentaje del predial o del ICA a diversos programas
El impacto de esta recomposición en el crecimiento se traduce en que, aunque hay buen dinamismo en la demanda agregada, hay menores ganancias en productividad
Andrés Santamaría, director de Asocapitales, aseguró que la mayor parte de los recursos del SGP se destina al pago de nómina y no a inversión efectiva en salud