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SALUD

Presentan un derecho de petición para que se conozca el texto de reforma a la salud

martes, 7 de febrero de 2023

El derecho de petición está compuesto por 15 preguntas que exigen claridad en los procesos de consulta, participación y naturaleza legal de la reforma a la salud

En medio de la latente discusión sobre la reforma de salud en progreso, este martes un grupo multidisciplinario conformado por exministros como Fernando Ruiz, Arturo Galán Sarmiento, y viceministros como María Andrea Godoy, presentaron un derecho de petición con el objetivo de conocer las medidas que el Gobierno implementará para cambiar el sistema de salud.

También se plantearon preguntas sobre el cumplimiento de los procesos de consulta y participación, y la naturaleza legal de la reforma a la salud.

Uno de los puntos que se señalaron en el documento es que se requiere de un debate técnico, amplio y participativo, que "estimule un sólido consenso sobre lo que es deseable y lo que es posible, a partir del mandato constitucional, la ley estatutaria de salud y los importantes logros alcanzados en el país desde la reforma de 1993".

"Queremos propiciar un debate técnico participativo, que estimule un sólido consenso sobre lo que es deseable y lo que es posible a partir del mandato institucional, y de los importantes logros que hemos tenido desde reforma de 1993. No existe pertenencia a ninguna organización. No somos partícipes del gobierno pero tampoco somos sus opositores el viernes pasado presentamos un derecho de petición dirigida a la ministra para conocer las Medidas que el gobierno ha tomado o tomará para cumplir con los requisitos que exige la constitución para proteger la salud.”, dijo el ex ministro de Salud, Augusto Galán Sarmiento.

Los expertos señalaron que los problemas por resolver en el sistema van desde la fragmentación de la atención, la oportunidad en algunos servicios especializados, las dificultades de acceso en zonas de alta ruralidad, los regímenes de contratación de los recursos humanos, hasta la sostenibilidad financiera.

En el documento, el grupo planteó 15 preguntas generales que abordan cinco aspectos: participación en el proceso de consideración, deliberación y aprobación de la reforma, cumplimiento de mínimos constitucionales de la política pública en la cual se enmarca la reforma estructural propuesta, razonabilidad, proporcionalidad y
progresividad de las medidas propuestas, el régimen de transición y la sostenibilidad de la reforma.

Un primer punto clave, dado que aún no se ha publicado el texto de la reforma, es que se establezcan las medidas concretas y específicas que se tomarán para asegurar a las personas, las comunidades y a la sociedad en general, el derecho a una adecuada participación real y efectiva en el proceso de deliberación pública de la reforma.

También se cuestiona si el Gobierno propondrá dentro de la reforma al Sistema de salud la modificación de normas de carácter estatutario. Y hay un apartado que se refiere a los avances y logros del sistema de salud que se van a mantener o que se van a afectar con la reforma.

Sobre la transición hacia el nuevo sistema, el exmagistrado Aquiles Arrieta aseguró que "no se puede quedar quieto el sistema, tiene que seguir progresando. La perspectiva constitucional está en torno al cambio y a los avances siempre y cuando esté en el marco del goce efectivo del derecho (salud) sea con otro sistema o con otro método pero dentro de estos parámetros".

También se cuestiona el costo de la reforma a la salud que se propone y si este se podrá asumir de la forma y en los tiempos que se establece y de manera sostenible.

Sobre lo que debería tener la reforma, los puntos claves que se deben revisar, en primera instancia, están compuestos por tres grandes preocupaciones. "Hay preocupación en el sector laboral, entonces las condiciones de la fuerza laboral deben apropiarse para beneficio del profesional y del paciente", dice Eduardo Alvarado.

En un segundo tramo está la cobertura del sistema de salud en las zonas rurales. Este, dice el grupo técnico, debe tener mejor dirección y mayor seguimiento por el Estado y no solo por entes territoriales. Y por último, en relación a la eliminación de la intermediación financiera, la figura que intermediará los fondos del Adres debe ser idónea y transparente.

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