“Preferimos la política de acompañamiento y no de sanciones con acueductos rurales”

 ¿Cuál es el objetivo del Congreso de Acueductos y cómo beneficiará a la población rural? 
La Superintendencia de Servicios Públicos en su interés por intentar mejorar  la calidad de vida de la comunidad a través de la creciente prestación de los servicios públicos en zonas rurales y municipios pequeños realiza la segunda versión del congreso ya que el año pasado tuvimos oportunidad de reunir muchas organizaciones y acercarnos a sus  necesidades. Así que en este segundo Congreso, con la Gobernación de Antioquía, buscamos un espacio de participación capacitación e integración entre el Estado y los prestadores  para servir como interlocutor. 

También logramos que muchos prestadores no nos vieran con miedo de que vamos a sancionar y poner más cargas, si no que nos cuenten qué necesitan y que nosotros no solo podamos decirles cómo pueden salir de ese problema sino ayudar para que se den inversiones o que sean sujetos a subsidios; este último que es un tema que le ayuda al usuario que finalmente es lo que nosotros buscamos.  

¿De ese Congreso hasta el día de hoy y con lo que recolectaron qué se ha hecho? 
Lo que observamos, más que los problemas de infraestructura, es que a estos acueductos rurales no se les puede ver bajo la misma óptica que los grandes prestadores y la ley no expresa esa diferenciación. De manera  que la Superintendencia estaba obligada a comportarse con estos de igual manera que con los grandes. De ahí asumimos un compromiso público para gestionar un proyecto de ley que permitiera diferenciar. Y el anuncio para su segundo congreso es que la Superintendencia logró incluir un artículo para hacer la diferenciación en el Plan Nacional de Desarrollo tal cual se prometió.  

¿Cómo funcionará este tratamiento diferencial? 
Es un artículo que debe reglamentarse, ya que  hasta ahora habilita a la Superintendencia para hacer una vigilancia diferencial. Una vez sancionado lo que nos corresponde es reglamentarla. Por ejemplo en lo que estamos pensado es que todas las entidades vigiladas por la Superintendencia están obligadas a pagar una contribución. Así que en este caso en vez de darles  una carga  se puede pensar en que no tengan que pagarla y no hacer el proceso traumático. También que organismos como las personerías ayuden a recoger la información que ellos no pueden suministrar a través de internet por las condiciones en las que viven. 

Otro ejemplo es que la ley exige que los acueductos tengan 24 horas el servicio de agua, y a veces pensar en eso a nivel rural es una utopía, entonces que cuando empiecen a prestar el servicio cuatro o 12 horas que es un logro nos cuenten y no que lo escondan porque piensan que se les va a sancionar. Con esta norma podemos es conocerlos y acompañarlos para que mejoren la calidad. También esperamos aumentar el número de acueductos formalizadas y así podemos hacerles un acompañamiento para mejorar la calidad de agua. 

Y la estrategia o vemos que está funcionando ya que la cantidad de organizaciones rurales que quieren participar este congreso sobrepasó los cupos que tenemos situación que no pasó el año pasado donde fue muy difícil conocer a toda las personas.  

¿Cómo se hizo la gestión de recursos para traer a estas organizaciones al Congreso? 
Básicamente fue una alianza con entidades fundamentales como la Agencia Internacional de Cooperación que fuera nuestro principal aliado no solamente dándonos la posibilidad de alojar a las personas sino también invitando a los miembros que conforman el programa en Latinoamérica para generar un espacio de diálogo no solo a nivel nacional sino también trayendo otras experiencias exitosas.  

¿Cuál es la cobertura en el país y cuál es la meta de ustedes? 
Tenemos casi 40% de prestadores que son los municipios y creemos que tenemos 95% del país cubierto. El problema es que esta cifra proviene del censo del Dane de 2005. Esta cifra la logramos con proyecciones de las inversiones y cruzándola con la información que hemos podido recopilar. Pero hay mucho desconocimiento por la falta de información. Sin embargo, no podemos certificarla. 

¿Cómo es la financiación o los subsidios que pueden obtener los acueductos? 
En servicios públicos existe un régimen de solidaridad, donde hay unos estratos subsidiables y otros contribuyentes. Los primeros son el uno, dos y ocasionalmente el tres. El cuatro y el oficial son neutros. Y los estratos industrial, comercial, cinco y seis son contribuyentes. Entonces, el alcalde fija esta estructura para todo el municipio con unos topes. Entonces no es que la Superintendencia gire, sino que da la posibilidad de cobrar esos subsidios, ya que si no existen no pueden acceder a los recursos que vienen de los estratos contribuyentes, más los recursos del Sistema General de Participaciones, que son transferencias nacionales. Queremos que ellos sepan que se pueden acercar y obtener hasta 70% de la factura de sus usuarios subsidiada.  

Meta para la formalización
Tradicionalmente la Superintendencia tenía un programa para realizar la formalización, sin embargo no es una labor obligatoria. “Por lo que hemos sido muy insistentes con la figura de los gestores departamentales, quienes pueden ayudar a registrar, capacitar y a brindarnos la información. Lo que queremos entonces es encontrar una estrategia junto con ellos. No sabemos a cuántos llegaríamos pero no tenemos una meta ya que no nos corresponde como actividad”, señaló Jorge Castillo, superdelgado de acueductos.