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Lo más notable que salió a relucir en el diálogo es que el famoso contrato de gastos reembolsables (donde se le paga al contratista por las facturas que presente después de un determinado periodo) que se firmó el 25 de noviembre con la firma norteamericana se escogió ya que la propia firma le presentó un estudio a la junta directiva de Reficar que mostraba que un contrato llave en mano (donde se va negociando con las partes) costaría US$700 millones adicionales.
Además, frente a las críticas de recontratar a CBI el ministro Cárdenas explicó que “había una cláusula que le daba una ventaja muy grande al contratista, ya que si no se contrataba a CBI había que reintegrarle US$50 millones. Esa decisión no se tomó a la ligera, en ese momento lo que decía CBI era que el contrato llave en mano había costado US$700 millones más que el de gastos reembolsables. De hecho, en la demanda de hoy se menciona ese elemento para decir que en su momento CB&I entregó una información de que podía costar menos porque ellos eran unos excelentes gestores”.
Ahora, ante esta afirmación hay unas precisiones que hizo la Contraloría General de la República en su informe de actuación especial de 2012. Primero, se explica que no había una cláusula que le obligara a Reficar a pagarle a CB&I por la terminación del contrato. Señalan que “Reficar tenía la facultad de contratar a un tercero y solo tenía como contraprestación a favor del contratista, el pago de la licencia para el uso de los dibujos por US$50 millones. No existía un vínculo jurídico proveniente del contrato ECP de 2007”.
Además, según el informe se había establecido que la Sociedad debería valorar y presentar oportunamente a la Junta Directiva al menos una oferta alterna a la de CB&I para el cambio de contrato. Con todo esto, la discusión sigue abierta.
La opinión
Juan Carlos Echeverry
Presidente de Ecopetrol
“La meta es recuperar lo más posible. US$2.000 millones es lo mínimo. Toca mostrarle al Tribunal semana a semana los inconvenientes”.
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