Política clara de erradicación salvaría dinero de Paz Colombia

Y es que uno de los compromisos que tendría el Gobierno para acceder al subsidio estadounidense de US$450 millones es utilizarlo para la lucha contra el crimen organizado y el desarrollo rural del país, algo que, a los ojos del mundo, iría en contravía de lo que se está haciendo, si se tiene en cuenta que los cultivos ilícitos siguen aumentando.

No obstante, lo que no está en aumento, según los analistas, es la confianza en que el país está haciendo, o si quiera hará, las cosas oportunamente para que esto deje de suceder, por lo que destinar un recurso para impulsar una política de erradicación en un país que parece más bien ‘laxo’, podría no ser el mejor negocio.

Además, esto serviría como la excusa más eficiente y clara para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tiene pensado reducir el presupuesto estatal (de donde saldrían los recursos), para destinarlo a seguridad nacional.

“Aquí se está generando una presión para que el mismo Estado asuma su responsabilidad. La política de subsidios que siempre ha tenido los Estados Unidos hacia los países latinoamericanos es una forma de manipulación y control en las  mismas políticas internas. Pero a Trump no le interesa eso, le interesa más el estado financiero de su país y él va a empezar a cortar ese tipo de financiaciones, porque su política es la de cerrar las posibles fugas de capital, y esa sin duda es una de ellas”, le explicó a este medio el politólogo e internacionalista de la Universidad Militar, Elkin Castellanos.

Justamente esa sería una de las razones por las que el secretario de Estado adjunto para narcotráfico y asuntos de seguridad de EE.UU., William Brownfield, llegó ayer al país con el fin de analizar la situación y asesorar al Gobierno con respecto a su política, la única salida que quedaría para recuperar la confianza perdida y salvar así a Paz Colombia.

La política actual

De acuerdo con los planes del Estado, en 2017 se tiene preparada la erradicación de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos, a través de la inversión de diversas entidades estatales. Una de ellas, la Agencia Nacional de Tierras, invertirá $2.800 millones destinados para la formalización de 1.500 predios ubicados en 24 zonas veredales.

Además, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) destinará $270.000 millones para cofinanciar proyectos de desarrollo en las zonas rurales en los que se incluye la sustitución de cultivos ilícitos por los legales.

“Con base en las prioridades de la región y los estudios técnicos de la Upra, que dicen qué se debe producir y en dónde, ayudamos a unir los eslabones para fortalecer proyectos productivos”, le dijo a LR el presidente de la ADR, Carlos Eduardo Géchem.

Sin embargo, estos planes siguen siendo insuficientes, si se tiene en cuenta que los informes indican que en 2016 hubo al menos 95.000 hectáreas más de cultivos ilícitos que en 2015, casi dos veces por encima de lo que pretende erradicar el Estado.

La preocupación que llegaría, entonces, sería la del uso del glifosato para la erradicación de cultivos, algo que, según el analista económico Aurelio Suárez, no es descabellado que pida los Estados Unidos y que, además, no se prohíbe en ninguna parte de los acuerdos de La Habana, en donde se habló de erradicación.

“En los acuerdos nunca quedó claro que se prohibía la aspersión área con glifosato. Entonces Paz Colombia traería dos componentes para la erradicación: uno que será manual y otro con sustitución forzada a través de la aspersión”, señaló.

Los acuerdos para la sustitución no serían suficientes

De acuerdo con el vocero de la Mesa Popular de Interlocución y Acuerdo del Guaviare, Armando Fuentes, los acuerdos con los que el Estado entrega $1 millón mensual para las actividades de sustitución de cultivos y $800.000 una sola vez para la implementación de proyectos de autosostenimiento, no son suficientes teniendo en cuenta el alto costo de vida en las zonas en donde solo la siembra de coca ha sido el sostenimiento.

Las opiniones 

Elkin Castellanos
Internacionalista de la Universidad Militar
“Aquí se está generando una presión para que el mismo Estado sea el que asuma su responsabilidad con respecto a la erradicación”.

Carlos Eduardo Géchem
Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural
“Con base en las prioridades de la región y los estudios de la Upra ayudamos a unir los eslabones para fortalecer proyectos productivos”.