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El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga), Jairo Herrera Murillo, solicitó al Ministerio de Transporte concertar con el Gobierno Distrital la reglamentación contradictoria que existe en el país con respecto a la circulación de vehículos de carga.
Mediante un comunicado Herrera Murillo destacó que mientras el Gobierno Nacional a través del Ministerio impulsaba la chatarrización de vehículos de carga de más de siste toneladas, según la resolución 7036 de 2012, el Gobierno Distrital promovía la restricción de la circulación de estos móviles (resolución 568) en horarios extensos.
“Importan tercamente vehículos compactadores de basura inservibles y publican una resolución sin ninguna consideración, concertación y diálogo”, dice el documento que además advierte que las consecuencias son desabastecimiento de alimentos, combustibles, materiales de construcción y bloqueos en Bogotá. Por estas razones el gremio protestó a la secretaría de Movilidad, Ana Luisa Flechas ante el problema de las basuras, tema que tiene que ver con el sector en la modernidad de sus equipos y la operación de los mismos.
“Se toman de nuevo decisiones alocadas con la importación de unos vehículos obsoletos y sin mantenimiento alguno donde la ciudadanía que paga por su servicio sufre las consecuencias”, advirtió Jairo Herrera. Finalmente, la asociación pide a los gobiernos “que se pongan de acuerdo para impulsar e incentivar tecnológicamente un sector ofreciendo hechos concretos como la construcción de la vía Alo” y que construya a lo largo de la vía tres plataformas logísticas donde se ubiquen las empresas transportadoras y “se brinden servicios camioneros a los propietarios de equipos y/o conductores, mediante alianzas público-privadas con los gremios para sacar el transporte de carga de la gran urbe y seguir llevando progreso al país”. Para ello piden a la ministra y al alcalde trabajar “con seriedad y planeación” a través de los observatorios de ambas entidades que “pueden debatir esos temas, ellos tienen la palabra”, concluye.
La entidad dijo que es clave preservar la confianza de los financiadores e inversionistas, además que deberían aprovechar más las iniciativas privadas
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Según la Andi, una jornada de esta magnitud tendría un impacto semanal de $85.000. Fenalco expresó que sectores como turismo y comercio serían los afectados
