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Avances en la redistribución y formalización de tierras
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De acuerdo con el “contador oficial” de tierras del Gobierno, ya se han adquirido 598.730 hectáreas mediante compras directas
En medio de la controversia generada por la expedición del Decreto 033 de 2025, el presidente Gustavo Petro reiteró su intención de acelerar la reforma agraria con un llamado desde su cuenta de X. Esta vez, el mandatario se dirigió a los propietarios de tierras ubicadas entre Tolú Viejo, Tolú y el golfo de Morrosquillo, en el departamento de Sucre, para que vendan voluntariamente sus predios al Estado.
“Invito a los hacendados de las tierras que hay entre Tolú Viejo y Tolú y el golfo de Morrosquillo a venderle tierras al Estado, para ponerlas en cultivo del campesinado. Así Sucre puede volverse más rico”, escribió el mandatario, en lo que calificó como parte de “su revolución”.
De acuerdo con cifras actualizadas al 13 de junio de 2025, el Gobierno ha logrado disponer más de 2 millones de hectáreas a través de mecanismos como compras directas, procesos judiciales, extinción de dominio y formalización masiva. A la fecha, se han gestionado 34.921 predios para los llamados sujetos de reforma agraria: campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, así como comunidades étnicas.
La nueva fase de este proceso tiene como base legal el Decreto 033 de 2025, que establece un procedimiento de compra preferente por parte del Estado en las llamadas zonas priorizadas. En esencia, si un propietario rural de un predio mayor a dos Unidades Agrícolas Familiares en alguno de los 82 municipios seleccionados, entre ellos 24 de Sucre, desea vender su tierra, primero debe notificar a la Agencia Nacional de Tierras, que contará con 15 días hábiles para decidir si desea ejercer su opción de compra.
Aunque el Gobierno ha insistido en que se trata de un mecanismo para agilizar las negociaciones, el decreto ha sido criticado por afectar la libertad de disposición de la propiedad privada. La Superintendencia de Notariado y Registro aclaró que su rol es únicamente de implementación técnica de la medida: “No se trata de una iniciativa propia del organismo, sino de una directriz derivada del Decreto 033 de 2025”.
El documento emitido por esa entidad explica que la obligación de notificar aplica solo a predios adjudicados hace más de 15 años o de gran extensión, y tiene como objetivo fortalecer la articulación con el Sistema Nacional de Reforma Agraria. En la práctica, la ANT podrá intervenir en operaciones de compraventa privadas, siempre que no se superen los valores del avalúo comercial.
De acuerdo con el “contador oficial” de tierras, ya se han adquirido 598.730 hectáreas mediante compras directas (a particulares, entidades públicas y bienes incautados) y 198.730 hectáreas por procesos judiciales a favor de la Nación. A esto se suman 10.876 hectáreas en transferencias gratuitas y 707.399 hectáreas formalizadas.
En cuanto a la redistribución, la Agencia Nacional de Tierras ha entregado 224.112 hectáreas entre población campesina y comunidades étnicas. El grueso (97%) proviene de la gestión directa de la ANT, mientras que el restante se distribuye entre sentencias judiciales, acuerdos con comunidades y procesos de restitución.
En cuanto a la creación de territorios colectivos y zonas de reserva campesina, solo entre 2022 y 2024, se constituyeron 96 nuevos resguardos indígenas y se titularon 65 consejos comunitarios, sumando más de 971.000 hectáreas. Adicionalmente, se han delimitado más de 700.000 hectáreas en nuevas zonas de reserva campesina.
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