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Gustavo Petro, presidente de la República
El jefe de Estado solicitó a la Fiscalía abrir la investigación, asegura que el grueso de estas actividades ilícitas pasan por Buenaventura
El presidente Gustavo Petro aseguró que su gobierno le está haciendo la guerra al contrabando, aun así, denunció que hay autoridades policiales y militares que están confabulados con contrabandistas que siguen operando en el país.
Durante un pronunciamiento pidió a la Fiscalía a investigar el Puerto de Buenaventura porque asegura que por allí sale el narcotráfico y regresa mercancía de ropa china y coreana, pero que “fue comprada con dineros del narcotráfico”. Además, insistió que es en ese puerto en donde se construye el régimen de corrupción.
Insistió que el grueso de esta modalidad ilícita pasa por Buenaventura y posteriormente se traslada libremente por las carreteras a distintas ciudades del país como Barranquilla, Medellín, entre otros.
El mandatario aseguró que han sobornado a las autoridades que deberían frenar el contrabando y a raíz de allí han destruido la economía textilera que aseguró, ahora está reviviendo gracias a la lucha de su Gobierno contra el contrabando, que aseguró no es sino la otra cara del narcotráfico.
Dijo que la corrupción ha penetrado al máximo en los últimos 38 años pero aseguró que no solamente por alias ‘papá Pitufo’. “Eso es solo es una banda de contrabandistas, también está alias papaya y otros”.
Insistió que esos puestos que han dejado en los regímenes de corrupción los van supliendo otras personas. “Lo hemos visto una y mil veces con el narcotráfico y así es con el contrabando”, aseveró el mandatario.
“Claro que están ocupando otros bandidos los espacios que deja el alicaído pitufo”, sentenció al tiempo que reveló que está haciendo todo lo necesario por lograr la extradición del contrabandista.
Aeronáutica Civil estima que 1,06 millones de personas viajen vía aérea, 689.000 a destinos nacionales y 380.000 a internacionales
Durante el año pasado se incautaron 884 toneladas de clorhidrato de cocaína. La meta del Gobierno se centró en reducir los cultivos ilícitos en 40% para el próximo año