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Aval al Sistema General de Participaciones
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El Sistema General de Participaciones es el principal mecanismo de distribución de recursos de la Nación hacia entes territoriales
Ayer se llevó a cabo la nueva edición de la cumbre de gobernadores en Villa de Leyva, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, FND, un encuentro clave entre otros puntos, porque allí el presidente Gustavo Petro firmó el acto legislativo que avaló el nuevo Sistema General de Participaciones, SGP. Esta reforma pretende descentralizar los recursos y otorgar mayor autonomía a las regiones.
El SGP es el principal mecanismo de distribución de recursos de la Nación hacia los entes territoriales, financiando sectores clave como educación, salud y agua potable.
El nuevo sistema pretende fortalecer la autonomía de las regiones al aumentar los recursos que reciben desde el nivel central, a través de una mayor destinación de los ingresos corrientes. Sin embargo, su implementación no es inmediata ni sencilla. Se requiere, entre otros pasos, la expedición de una nueva ley de competencias que defina con claridad las responsabilidades que deben asumir los gobiernos territoriales frente a estos recursos.
El FND ha jugado un papel fundamental en este debate, ya que es la entidad que representa los intereses de los gobernadores ante la Rama Ejecutiva. Desde esta organización se ha insistido en la necesidad que la descentralización venga acompañada de garantías presupuestarias y reglas claras para evitar irregularidades.
Daniel Castellanos, asesor del Ministerio del Interior y uno de los “arquitectos” del nuevo sistema, señala que esta reforma es un avance clave en la descentralización. “El propósito es fortalecer la autonomía territorial. Para tal fin, se asignan más recursos a las regiones a través del SGP y se pide que se promulgue una nueva ley de competencias que redistribuya las funciones entre el gobierno nacional y los territorios. El proceso que se arrancó es complejo y su implementación tomará más de una década”, explicó.
En este contexto, la cumbre se convirtió en un escenario crucial para discutir el impacto de la reforma, de hecho, durante la cumbre varios gobernadores expresaron su preocupación por la demora en la ratificación y la incertidumbre sobre cómo se aplicará la redistribución de los recursos.
Uno de los temas centrales del evento fue el impacto que tendrá la reforma en el sector agropecuario. Gregorio Gandini, director de Gandini Análisis, resaltó que el fortalecimiento del agro es clave en un momento en el que los precios internacionales de commodities como el café y el cacao han aumentado. Según explicó, con el nuevo sistema de participaciones, los gobernadores deberán asumir un papel más activo como actores de inversión estratégica para potenciar la economía.
No obstante, la implementación de la reforma enfrenta retos adicionales, especialmente en el ámbito político. La salida del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, añade un nuevo factor de incertidumbre sobre la relación entre el gobierno y las autoridades locales.
Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, destaca que el nombramiento del próximo ministro será determinante en este proceso. “Vamos a estar muy pendientes de quién asume ese papel y cuál será la relación entre el gobierno y los alcaldes y gobernadores”, indicó.
Vieira también advierte que la asignación de recursos a las regiones podría estar influenciada por factores políticos. “Cuando hay una oposición política fuerte en una región, esta puede ser castigada con retrasos en el desembolso de fondos. Es el caso de Antioquia y Medellín, donde los gobiernos locales han enfrentado bloqueos por parte del Ejecutivo”, afirmó.
En varias ciudades, los alcaldes han solicitado al gobierno nacional que garantice el flujo de recursos sin sesgos políticos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha insistido en la necesidad que no se frenen proyectos clave por falta de desembolsos, una preocupación que se replica en otras capitales del país.
“Es esencial que las regiones cuenten con la capacidad administrativa para gestionar los fondos, para que las inversiones se traduzcan en mejoras reales para ellos”.
“El proceso es complejo y su implementación tomará más de una década. Se espera que la ley se presente el 20 de julio a la consideración del Congreso”.
Otro punto de debate es el impacto fiscal de la reforma. Vieira alerta sobre el crecimiento del gasto público y el descenso en el recaudo tributario. “El gobierno central ha aumentado su gasto burocrático de manera significativa, y el recaudo viene bajando con fuerza. Si los recursos del SGP se reparten sin límites claros y sin una planificación estratégica, podríamos enfrentar serios problemas fiscales”, explicó.
La necesidad de garantizar una correcta administración de estos fondos también es un tema prioritario. Alfredo Barragán, especialista en Banca de la Universidad de los Andes, advierte que el éxito de la reforma dependerá de que los planes de desarrollo regional sean bien estructurados y tengan una visión a largo plazo. “Es crucial que este incremento en los recursos vaya acompañado de estrategias de inversión que realmente fortalezcan a las regiones”, señaló.
Por otro lado, el Congreso también jugará un papel clave en este proceso. Se espera que la nueva ley de competencias sea presentada el 20 de julio, lo que marcará el inicio de un debate necesario y obligatorio, y que en caso de no ser aprobado en diciembre de 2025, hundiría el nuevo SGP.
El objetivo es que la descentralización no solo se refleje en el aumento de recursos, sino en una mayor capacidad de decisión por parte de los gobiernos locales. Sin embargo, algunos sectores advierten que sin reglas claras y un control adecuado, la reforma podría generar ineficiencias en el gasto.
La falta de una ejecución efectiva de los recursos públicos ha sido una de las principales críticas al gobierno central en los últimos años. Analistas coinciden en que muchas obras de infraestructura han sido frenadas y que la inversión en desarrollo regional ha sido insuficiente.
Desde las regiones, hay una expectativa de que esta reforma les permita ejecutar proyectos de manera más autónoma, sin depender en exceso de las decisiones del Ejecutivo.
Para que la descentralización sea efectiva, no basta con trasladar más recursos a las regiones; es necesario redefinir el papel del gobierno central en la gestión pública. Esto implica fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de las entidades territoriales, garantizar mecanismos de transparencia y control en el uso de los fondos, y establecer reglas claras.
Sin una transformación estructural en la relación entre la Nación y los territorios, el riesgo es que los recursos terminen perpetuando ineficiencias en lugar de impulsar un desarrollo.
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