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La modificación que realizó con el esquema de recolección de basuras del Distrito en diciembre del año anterior, hizo que procurador abriera una investigación para sancionarlo por realizar un proceso indebido y finalmente sancionarlo. Sin embargo, Petro asegura que no tiene garantías judiciales en el Ministerio Público y que enviará un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque todo se trata de una persecución sistemática en su contra.
Según el Ministerio Público, el esquema establecido por Petro fue contrario al ordenamiento jurídico, violando la libertad de empresa y causando impactos ambientales y sanitarios. Ordóñez ha reiterado que el alcalde Petro tendrá todas las garantías procesales pero el Alcalde piensa lo contrario.
Por eso en la demanda, revelada por el diario El Espectador, Petro asegura que el procurado ha utilizado la facultad de destituir para afectar de manera diferenciada a un proyecto político alternativo y progresista, diferente del que encarnan las mayorías en el Gobierno y el Congreso, así como el del propio procurador. Con lo cual, según el Alcalde, se ha ejercido un trato discriminatorio basado en su ideología política para debilitar su gobernabilidad y propiciar su salida del cargo para el que fue elegido.
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