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Desde el Ejecutivo, la narrativa ha sido clara: la consulta es una alternativa ante lo que consideran un bloqueo sistemático de las reformas sociales.
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Desde el Congreso, Efraín Cepeda insistió en que el camino debe seguir siendo el legislativo y recordó que la consulta vale $700.000 millones
El presidente Gustavo Petro le respondió al presidente del Senado, Efraín Cepeda, luego de que este último criticara el costo y la viabilidad del mecanismo de la consulta popular. “Tenía dos años para consensuar, lo pedí de la manera más amable, y llegó a la presidencia del Senado a burlarse del gobierno, y a sabotear todas las reformas sociales en beneficio del pueblo colombiano”, escribió Petro en su cuenta de X.
Desde el Congreso, Efraín Cepeda insistió en que el camino debe seguir siendo el legislativo. “Yo hablé que el camino es el Congreso. No es más expedito que abramos un debate también en el Congreso sobre estas preguntas y vemos cuáles no están contenidas en esos proyectos, cuáles desecharía el Senado y cuáles podemos adicionarlas como proposiciones”, dijo el presidente del Senado.
Cepeda también cuestionó el costo de la consulta: “Recordemos que la consulta vale $700.000 millones que hoy no están en las arcas. La salud tambalea porque no tiene esos recursos, y se quejan en la misma Registraduría también por la falta de recursos”.
La discusión sobre los costos no ha sido menor. La Registraduría ha señalado que la consulta podría tener un valor cercano al de una elección presidencial, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que podría costar menos de $300.000 millones.
El secretario general del Senado, Diego González, recordó que para que la consulta sea convocada, debe ser aprobada por mayoría absoluta en la plenaria, es decir, por al menos 53 senadores. Posteriormente, para que la consulta sea válida, deberá superar el umbral de 13,6 millones de votos.
Desde el Ejecutivo, la narrativa ha sido clara: la consulta es una alternativa ante lo que consideran un bloqueo sistemático de las reformas sociales. “Hay asuntos que tienen que ver con derechos colectivos, que vamos a convertir en decretos”, explicó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha defendido que la consulta solo incluirá puntos laborales y no se mezclará con otras reformas como la de salud. “En ella van otros asuntos que tienen que ver con la formalización laboral, con la jornada diurna, los dominicales y festivos, entre otros”, agregó.
La propuesta, según el gobierno, tiene un enfoque directo en dignificar el trabajo y garantizar derechos fundamentales. Entre las preguntas incluidas destacan temas como la limitación de la jornada diurna hasta las 6:00 p.m., el recargo de 100% por trabajar en domingos o festivos, la formalización de trabajadores de plataformas digitales y un bono pensional para campesinos.
Sin embargo, para Cepeda, hay espacio para la deliberación política sin recurrir a las urnas. “Yo señalaría eso: que nos pusiéramos de acuerdo los partidos. Por supuesto que no habrá unanimidad, pero a ver cuáles de esas preguntas no están en los proyectos, cuáles se acogen y cuáles no”, expresó.
Morales es politóloga de la Universidad del Rosario y especialista en Economía de la Universidad Javeriana; también tiene otras especializaciones en Estado
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