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En el marco de estas negociaciones, el Gobierno lanzó contrapropuestas sobre los cinco puntos que todavía no han sido acordados, que incluye peajes, chatarrización y combustibles.
Sobre el costo de los peajes, las propuestas consisten en actualizar de forma inmediata la variable, además de hacer una revisión de los costos en como Carimagua, Manguito y San Onofre, entre otros puntos.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, esta estrategia permitirá mitigar los costos, así como facilitar incrementos graduales para no afectar los costos de los transportadores.
En el caso de los precios de los combustibles, la propuesta consiste en incluir el valor del ajuste dentro del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-TAC).
Sobre esta herramienta recae otra de las propuestas, según la cual se modificaría su estructura, con la cooperación del Observatorio Nacional de Transporte de Carga, en donde deberán participar todos los actores de la cadena para poder lograr la modernización de la política de carga del país.
Adicionalmente, el Ministerio de Transporte propuso a los camioneros destinar cerca de $150.000 millones para dar continuidad a los programas de chatarrización en lo que queda de este año, además de una asignación por $800.000 millones para garantizar la chatarrización los próximos años.
El viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, quien hizo el anuncio, dijo que “entendemos que los doce puntos restantes están acordados y esta propuesta se concentra en presentar las alternativas de solución que esperamos permitan terminar la inmovilización y llegar a un acuerdo”.
Mientras los transportadores y el Gobierno llegan a un acuerdo, el Consejo Gremial volvió a destacar las pérdidas que deja para los distintos sectores el bloqueo, pues frena las actividades industriales, comerciales, agrícolas y de construcción, con lo cual reiteró que “el país debe continuar con los esfuerzos por mejorar sus costos logísticos” por lo que “cualquier retroceso significaría pérdidas para la cadena de suministro del transporte”.
La entidad dijo que es clave preservar la confianza de los financiadores e inversionistas, además que deberían aprovechar más las iniciativas privadas
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Según la Andi, una jornada de esta magnitud tendría un impacto semanal de $85.000. Fenalco expresó que sectores como turismo y comercio serían los afectados
