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Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera, URF
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La exdirectora de la URF, Mónica Higuera, aseguró que estarían expuestos a penalidades por la repatriación de estos recursos que están en el extranjero
Tras presentar su renuncia en diciembre, por su oposición a la intención del Gobierno de Gustavo Petro en cabeza del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de repatriar cerca de $200 billones de ahorros que están en fondos de pensiones privados en el extranjero la exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, URF, Mónica Higuera Garzón, habló con La FM de RCN, sobre esta decisión y lo que derivaría para los ciudadanos y las finanzas del país.
Higuera detalló cuáles fueron las advertencias que hizo en múltiples ocasiones al Gobierno y las razones por las que no es conveniente una repatriación de este ahorro, que afectaría, principalmente a los afiliados.
Este es un tema muy importante porque toca una fibra sensible del mercado de capitales colombiano, que es poco profundo y con baja liquidez.
El presidente Gustavo Petro ha manifestado en varias ocasiones su preocupación porque, tras un decreto expedido al final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, las AFP pudieron invertir una parte importante de los recursos en el exterior. Su postura era que ese dinero debía invertirse en Colombia, en proyectos de inversión social que generaran bienestar y empleo.
Sin embargo, cuando yo llegué al Gobierno en agosto de 2023, este tema no fue prioritario ni se puso formalmente sobre la mesa. En algún momento, antes de que saliera la Ley 2381, el director de Crédito Público y el ministro Ricardo Bonilla me pidieron mi opinión. Yo señalé que cualquier modificación a los límites de inversión —que vienen de la Ley 100— debía hacerse de manera coordinada con la nueva ley y con el modelo de fondos generacionales.
Posteriormente, ya bajo la administración del ministro Ávila, recibí una llamada a mediados de octubre en la que me manifestó que debía expedirse un decreto para mover los límites de inversión y atraer $125 billones en seis meses desde los portafolios de alto riesgo y riesgo moderado. Yo expresé una gran preocupación porque ese volumen, en ese plazo, es prácticamente imposible.
Las inversiones de las AFP están distribuidas en múltiples activos, plazos, monedas y regiones, y responden a estrategias de mediano y largo plazo diseñadas por equipos técnicos de inversión y riesgo. Traer esos recursos de forma abrupta implica desmontar estrategias de largo plazo, muchas veces en activos con baja liquidez o con penalidades por retiros anticipados, lo que genera riesgos directos para los afiliados, que son los verdaderos dueños del dinero.
Además, el mercado colombiano es poco líquido, tiene pocos emisores y las AFP ya tienen una alta exposición a deuda pública. Todo esto lo advertí claramente, pero la instrucción del ministro fue que el decreto debía estar listo.
Sí. Se las manifesté en una llamada telefónica. Él me respondió que era una instrucción del presidente y que debía cumplirse.
No inmediatamente. Después de eso, revisé cuál era mi rol institucional. El proceso se origina porque el superintendente financiero, César Ferrari, envía un proyecto de decreto al ministro Ávila, hacia agosto o septiembre. Ese proyecto llega a la Unidad de Regulación Financiera como una Pqrsd, y se nos pide emitir concepto.
Nuestro equipo técnico respondió que el proyecto tenía problemas graves de liquidez, riesgo y falta de sustento técnico. Además, por arreglo institucional, la Unidad es la entidad encargada de proyectar normas regulatorias, precisamente para garantizar independencia y contrapesos. No tenía sentido recibir un decreto ya elaborado.
Solicitamos insumos técnicos, estudios de impacto y una memoria justificativa, que son obligatorios para cualquier intervención regulatoria. Los insumos recibidos eran insuficientes.
Luego recibí una llamada del ministro en la que me pidió “modelar” la propuesta. Trabajamos intensamente con el equipo y elaboramos una alternativa técnica, jurídica y económicamente viable, priorizando la protección del ahorro pensional.
El Consejo se citó alrededor del 20 de octubre. Allí se presentó el documento técnico de la Unidad, donde se explicaban los riesgos e inconvenientes del planteamiento original.
El Consejo está compuesto por el superintendente financiero (o su delegado), el ministro de Hacienda o su delegado, y la directora de la Unidad. Ese día, el viceministro Leonardo Pasos presidía la sesión.
Cuando se terminó la presentación, el viceministro preguntó si la propuesta incluía lo que había pedido el ministro. Yo respondí que incluía lo que la Unidad consideraba técnica y jurídicamente viable. Le pedí que presentara los insumos que respaldaran su posición.
Ante eso, el viceministro se levantó y dio por terminada la sesión. En ese momento supe que mi salida era inminente, porque no estaba cumpliendo una instrucción política, pero mi deber era proteger la institucionalidad y el ahorro de los afiliados.
El principal riesgo es la liquidez. He usado una analogía sencilla: es como pretender consumir de inmediato toda la cava de un restaurante. El sistema no tiene la capacidad para absorber eso sin generar distorsiones graves.
Traer recursos invertidos a largo plazo, en activos ilíquidos y con compromisos contractuales, genera pérdidas, penalidades y presiones indebidas sobre el mercado local. Eso afecta directamente a los afiliados.
No. La instrucción era traerlos a Colombia y que los fondos decidieran después cómo invertirlos. Ese punto no se alcanzó a discutir.
No estoy de acuerdo con esa afirmación. Cuando yo publiqué en redes que había advertido sobre los efectos indeseados del decreto, el presidente respondió diciendo que entendía mis argumentos y que estaba dispuesto a dialogar con las AFP.
El Plan Nacional de Desarrollo fue innovador y muchos de los decretos que sacamos desde la Unidad fortalecieron el mercado de capitales, la inclusión financiera y la estabilidad prudencial. Mi experiencia demuestra que sí había apertura técnica.
En mi opinión, sí. Lo evidencio cuando el ministro habló públicamente de traer 250 billones de pesos, una cifra que equivale a cerca de la mitad de los recursos administrados por las AFP, cuando inicialmente se hablaba de $120 o $125 billones. Eso demuestra falta de claridad técnica.
Le agradecería la confianza que depositó en mí para dirigir una entidad tan importante. Le diría que entiendo su intención genuina de impulsar el crecimiento económico y la inversión social con recursos de los colombianos.
Pero también le diría que esos recursos no son de las AFP, sino de la gente, y que cualquier cambio debe hacerse con extremo cuidado. Estoy convencida de que, si él entiende que se pone en riesgo un solo peso de los colombianos, no lo permitiría.
Ese decreto no va a salir así. El propio presidente ha dicho que no se hará de esa manera. Lo que se busca ahora es evitar que el dinero siga saliendo y revisar cómo se puede invertir mejor en Colombia.
Cualquier decreto debe cumplir un ciclo normativo completo, con estudios técnicos, memoria justificativa y periodo de comentarios públicos. La industria y la ciudadanía podrán participar.
El cargo es de libre nombramiento y remoción, y siempre supe que podía salir. Yo entré con la convicción de servir al país, aun sabiendo el costo personal y profesional.
Me duele que, por desconocimiento o por una lectura equivocada de una intención presidencial, se haya intentado una medida antitécnica sin consultar a la entidad competente. Por eso hablé públicamente: para proteger la institucionalidad y el ahorro público.
Quien comunicó la visión del país ante el Consejo de Seguridad fue Leonor Zalabata, representante permanente de Colombia
La Secretaria de Movilidad reportó inundaciones y encharcamientos en la Cra. 7 con calle 53, la Cra. 7 con Av. Chile (calle 72) y la Av. Circunvalar con calle 85.
Las manifestaciones fueron pautadas por el jefe del Estado para este miércoles a las 4 de la tarde, en todas las plazas del país
