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'De acuerdo a nuestras labores de auditoría, podemos señalar que los componentes que integran el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) no están listos para entrar a operar como lo han dicho algunos altos funcionarios de la administración Distrital', dijo el contralor de Bogotá, Diego Ardila.
Un problema que se agrava con la situación vinculada a los operadores como Alcides Torres, presidente de la junta directiva de Conaltur, quién aseguró que hay desacuerdos con la administración Distrital por los cronogramas, lo que los llevaría a perder $160 millones, pues ya se realizó el cierre financiero de la compañía. Los contratos indican que la entrada en operación debía ser el 9 de junio, pero si se cambia la fecha, al no recibir dinero de recaudo y ya estar pagando créditos y costos fijos, implicaría pérdidas que se trasladan a los 9 operadores por una suma total que ascendería a $1.000 millones. Torres dijo que inclusive, 'el 30 de junio no podemos empezar a funcionar porque las obras no están listas'.
Ardila indicó que desde el 13 de abril se viene advirtiendo sobre estas faltas. Al funcionario le parece grave que aún no se haya hecho nada sobre la estrategia de comunicación a la ciudadanía sobre el sistema.
Señaló además que 'a penas la semana pasada se adjudicaron los contratos para la pedagogía. Al parecer primero viene el funcionamiento del Sitp y luego se capacita a la comunidad'. Y recalcó que a pesar de que se requieren 307 paraderos, 'ni siquiera se ha realizado el proceso de licitación para seleccionar al contratista para que se realice esta obra, y como no están listos, se realizarán gastos en otras plantillas', agregó el Contralor.
'Vemos que para la carrera Décima y la calle 26 se requiere que 13 estaciones estén listas y adecuadas para el recaudo. Al 25 de mayo se entregaron 6 por parte de la administración de Bogotá al particular, pero este a su vez tiene 4 meses para realizar las adecuaciones', concluyó Ardila.
Para la coordinadora de Bogotá Cómo Vamos, Alexandra Rodríguez, hay coincidencia dentro de los distintos actores de que pensar en la implementación en un par de meses no sería una buena decisión. 'Nos han adelantado que hay retrasos en infraestructura liviana e instalaciones de patio talleres, pero lo más preocupante es el tema de comunicaciones, pues la gente no tiene claro cómo comprar la tarjeta, usarla y recargarla' .
Autonorte y Caracas serían reconstruidas
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció que las troncales de la Autopista Norte y la avenida Caracas serían reconstruidas en su totalidad por una suma de $380 millones, lo que se empezaría a trabajar desde el próximo año. Un arreglo que la ciudad venía pidiendo, puesto que cada seis meses las losas debían ser reparchadas, lo que le sale más caro a Bogotá. Este proyecto está estipulado desde el Plan de Desarrollo. 'Las losas que estamos reemplazando hay que volverlas a cambiar en dos años, lo más conveniente y económico a largo plazo es reemplazarlas todas, dijo Libardo Celis, director Técnico Estratégico del IDU. Se espera poder intervenir 17.000 losas por tramos con un plan de manejo de tráfico para evitar un caos en la movilidad de la ciudad. Por ahora no se tiene claro qué material se va a usar, aún está en estudio. Una de las opciones es usar cemento asfáltico.
Las opiniones
Gustavo Petro
Alcalde de Bogotá
'Ya en San Cristóbal, Engativá y Fontibón se está realizando la parte informativa. A medida que vayan entrando las rutas le explicaremos a los usuarios'.
Alexandra Rodríguez
Coordinadora Bogotá Cómo Vamos
'La complicación del recaudo es para el ciudadano, que va a tener que aprender a usar dos tarjetas, una para Transmilenio y otra para Fase III y Sitp'.
Según analistas, no hay ambiente en el legislativo luego de la ratificación de César Gaviria en el Partido Liberal
Ruta Bogotá Norte espera que la obra tenga la licencia ambiental hacia mayo de 2025, y con esto, arranquen las etapas de construcción
Un informe de Camacol señaló que, la disminución en las tasas brinda un impulso al sector, pero la dinámica también dependerá de la política de vivienda y la ejecución de recursos