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Luis Guillermo Vélez, vocero de Fede Colombia
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Según la fundación, las reservas de hidrocarburos y de gas han disminuido siete años en 2023, afectando la soberanía energética
La Fundación para el Estado de Derecho, Fede Colombia, radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el objetivo de presionar al Gobierno para reactivar los procesos exploratorios o para garantizar la seguridad y soberanía energética. La organización apuntó que, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las reservas de petróleo cayeron a 7,5 años y las de gas a 7,2 años en 2023, un panorama alarmante ante la falta de estrategias de exploración.
Según fundación, con esta medida se protegerían los derechos e intereses colectivos para el correcto manejo de los recursos naturales y el patrimonio público, el acceso a los servicios públicos de energía y gas y el derecho al consumidor.
"El Estado tiene un mandato de administración y explotación de estos recursos para mejorar la calidad de vida de todas las personas, conseguir la distribución equitativa de las oportunidades y del desarrollo, al tiempo que protege el medio ambiente", comunica la fundación.
Asimismo, los gremios del sector señalaron que las reservas de gas aprobadas han disminuido 50% en los últimos 15 años, según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, y dado que aumentó el consumo del suministro de gas, Naturgas le sumó la advertencia sobre la crisis climática.
Luis Guillermo Vélez, vocero de la fundación, explicó que la medida solicita al juez investigar el impacto de las decisiones del Gobierno al no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. También tomar en cuenta las contradicciones en la información sobre las reservas, junto a los pocos o nulos resultados del plan de reactivación de contratos suspendidos.
Además, solicitaron poner lupa en la masiva importación de gas desde Venezuela a partir de 2025, pese a la restricción en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Ofac, de Estados Unidos. Por último, investigar la falta de planeación, los estudios técnicos y el impacto financiero de las medidas implementadas para sustituir la industria extractiva.
Entre las medidas rechazadas por la CUT está el aumento del IVA de 5% a 19% para determinados productos y la posibilidad de gravar bienes de la canasta familiar
Entre los temas discutidos están el aumento de los fletes, los desequilibrios en el transporte de mercancías y la pérdida de participación de Buenaventura en la carga nacional
El proyecto de Hacienda también derogaría la tarifa diferencial a productos como café, trigo, avena, maíz y arroz para uso industrial, harinas, pastas alimenticias, azúcar, chocolate de mesa, y carnes frías o embutidos, licores y vinos
