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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co

A pesar de que la Contraloría Distrital ve con beneplácito un decreto que da claridad sobre algunos aspectos de la operación de las basuras que empezará a regir desde el 18 de diciembre, la Contralora Auxiliar, Ligia Inés Botero, lamenta que esta administración haya tenido que expedir una medida transitoria, cuando desde el mes de enero tuvo la posibilidad de estructurar la licitación, iniciar el proceso y adjudicarlo acorde a la Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos, la Constitución Política y las normas que rigen la materia.

En esta medida encontró 8 reparos para que el Distrito mejore esta situación. En el artículo en el cual se obliga a la ciudadanía a que a partir del 18 de diciembre se comience una nueva etapa de separación desde la fuente, la Contraloría encuentra que no se define de qué manera será el método de recolección de estos dos materiales. "Esta Contraloría espera que si la ciudadanía está cumpliendo con el deber de que a partir del 18 de diciembre hace separación en la fuente, a partir del mismo día se cuente con los medios idóneos para hacer la recolección del material reciclable y el no reciclable".

Sobre el régimen de transición que se impondrá, Botero afirmó que este régimen de transición se da en la medida en que la administración "dejó pasar más de un año sin iniciar las acciones adecuadas para poner en marcha el proceso de licitación, proceso en el cual ya la ciudad había invertido en su estructuración más de $3.500 millones en la pasada administración, por lo cual  este organismo de control ha adelantado investigaciones que conllevan a determinar un posible detrimento patrimonial, toda vez que al parecer ya no se van a utilizar estos estudios".

Es decir, se parte CERO, y esto genera consecuencias, pues pasado un año se debe acudir a la figura de un régimen de transición, "que esta Contraloría no encontró en el decreto de la administración distrital, soporte legal y constitucional de dicha medida, lo cual puede poner en riesgo contingente  a la ciudad de Bogotá respecto de la decisión tomada".

Sobre este tema se refirió a la compra de camiones, que no se tiene la certeza de cuándo van a llegar; "riesgo de que en este momento no se sabe cuáles son los camiones que prestarán el servicio; y cómo se contrato el personal. Está Contraloría se pregunta si una empresa privada se demora más de un mes haciendo un proceso de selección, el distrito tuvo la capacidad de contratar más de 4 mil personas en un tiempo récord de dos semanas".

Así mismo, el decreto establece como obligación de la UAESP adelantar las campañas pedagógicas y de información respecto a la reutilización de los residuos. A su vez, la Contraloría determinó que en el contrato suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) de Bogotá y Aguas de Bogotá también se le da esa competencia como una obligación a esta última empresa. "La Contraloría de Bogotá espera que entre la UAESP y Aguas de Bogotá exista una coordinación en aras de potencializar de manera eficiente los recursos públicos y lograr el mayor impacto de estas campañas".

Sobre el límite del Relleno, la Contraloría le advierte a la Alcaldía sobre la pertinencia que la decisión se dé en términos legales y constitucionales evitando los posibles riesgos contingentes. 

De la inclusión de recicladores se observó un régimen de transición en aras de garantizar las órdenes dadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-724/2003, "pero a la par el mismo decreto dice que se adoptarán esas medidas de manera progresiva, lo cual indica que en el momento en que se expide el decreto el Distrito no cuenta con una metodología dada para incluir a los recicladores. En este orden de ideas, se arrancaría el 18 de diciembre con un esquema de basuras de un operador público sin inclusión de recicladores".

Por otra parte, en lo relacionado con el contrato efectuado entre la EAAB y Aguas de Bogotá, la Contraloría afirmó que se han venido realizando una serie de observaciones respecto al comportamiento financiero y a la gestión de dicha empresa. Tomando como referencia que Aguas de Bogotá tiene como filial a la empresa Gestaguas, con una participación accionaria del 86% y a su vez, esta última tiene participación en la empresa Hydros-Chía, se encuentra que existe un riesgo potencial desde el punto de vista financiero, teniendo en cuenta que ante el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de Hydros-Chía, existiría la probabilidad de que Aguas de Bogotá podría tener que asumir la restitución por indemnización cuantificada en un valor aproximado de $371 mil millones ante el municipio de Chía.

Otro de los aspectos, se identificaron con riesgo en la gestión fiscal de Aguas de Bogotá, es que durante los años 2005, 2006 y 2007 sus estados financieros arrojaron saldos negativos; en el 2010 presentó un superávit respaldado por los recursos que recibió con ocasión de la temporalidad del manejo del Relleno Sanitario de Doña Juana, en donde el Distrito Capital le transfirió recursos por dicha administración; no obstante en el 2011, se evidencia que si bien presentó utilidades, estas presentan un comportamiento decreciente con referencia a la vigencia anterior, con lo cual se podría presumir que por sus actividades propias no cuenta con el respaldo y la sostenibilidad financiera, tema que sólo podrá evaluarse al cierre de la vigencia 2012.

Por lo anterior, es de preocupación para la Contraloría de Bogotá, que una empresa que ha presentado debilidad financieras y operativas sea la seleccionada por la actual administración para coordinar y operar el esquema de aseo para el Distrito Capital.

Para finalizar, la Contralora Auxiliar, Ligia Inés Botero, afirmó que lo único que espera este organismo de control es que "las decisiones que se tomen no afecten las finanzas de la ciudad ni que lleguemos a una emergencia sanitaria por la falta de planeación e improvisación en un tema primordial para los bogotanos".