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El Gobierno nacional dijo ayer que “ha tenido noticia de la Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de 19 de septiembre de 2013, en el marco de la acción de tutela 2013-512, mediante la cual revoca la Sentencia proferida por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá y deja sin efecto la medida provisional consistente en suspender la suscripción del contrato adjudicado por la gobernación del Magdalena al consorcio Ribera.
Este hasta tanto se materializara un acuerdo con el Invias sobre la ejecución de la obra de la vía de la prosperidad. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa Glen, dijo desconocer el contenido de la Sentencia del Tribunal por cuanto aseguró “no ha sido notificada y una vez lo sea, el Gobierno determinará el mejor camino a seguir en aras de defender el interés público”. Señaló además que como es su obligación, el Gobierno Nacional acata las decisiones de la administración de justicia, sin embargo, no cesará en su empeño de salvaguardar los recursos públicos, para lo cual acudirá ante la jurisdicción contencioso administrativa y acompañará las investigaciones de los diferentes órganos de control (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía), sin perjuicio de solicitar la revisión de dicha sentencia por parte de la Corte Constitucional.
“Si bien reiteramos el compromiso del Gobierno Nacional con la región para la construcción de esta importante vía, no creemos que deba hacerse a cualquier costo y por cualquier medio, por lo que esperamos que antes de materializar el desembolso de los recursos se logre un pronunciamiento de las autoridades judiciales que sea definitivo y proteja los derechos constitucionales y el interés público”, precisó la funcionaria en tono molesta por el fallo adverso que recibió.
EL OTRO FALLO
De otra parte, mediante fallo en la acción de tutela 2013 – 380 proferida por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Barranquilla el 11 de septiembre de 2013 se ordenó dejar sin efecto la comunicación del Director General del Invías a través de la cual dio por terminado el convenio suscrito con la gobernación, fue apelado Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones de todos los servidores públicos de proteger la moralidad administrativa, la transparencia y el interés público que debe acompañar todas las actuaciones administrativas.
A su turno, el Director de Invías, dijo que es una obligación acatar los fallos de la justicia, razón por la cual van a aceptar, proceder y cumplir lo que dice el convenio, dar trámite a la interventoría; pero anunció que igualmente ambos fallos de tutela ordenan ir al Tribunal Contencioso Administrativo y demandar el procedimiento o poner en conocimiento de ellos las observaciones que Invías ha hecho al proceso licitatorio, por medio del cual se va a adjudicar el contrato.
Esos dos fallos, según Narváez Morales, le van a permitir al gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych, suscribir el contrato. “Así como hemos acatado los fallos de tutela y las decisiones judiciales, también iremos dentro de las instancias judiciales y dentro del ordenamiento legal a poner en conocimiento de los jueces las observaciones que han considerado fueron la base para la decisión de no haber acompañado la adjudicación del contrato”, indicó el funcionario nacional.
Con relación a las mesas jurídico-técnicas que se vienen cumpliendo entre el Ministerio de Transporte, Invias y la administración departamental, Narváez Morales consideró que estas ya no tienen ningún objeto, porque los fallos han determinado cosas que eran el objetivo de las mesas y porque los fallos determinan que el convenio entre la Gobernación y el Invías continúa vigente y el fallo de la juez de Barranquilla ordenó que el documento que había expedido la entidad nacional no surtía los efectos que era culminar el convenio, el cual está vigente y que el fallo del Tribunal lo que establece es que existen unos mecanismos (Tribunal Contencioso Administrativo) para dirimir o poner en conocimiento las deficiencias o las observaciones que se hicieron con relación al proceso licitatorio que no se ajustaba a la Ley 80 y ordena que se vaya al tribunal y ordena que se ejecuten las obras y por lo tanto la gobernación suscribirá el contrato y sólo le corresponderá a Invías realizar el proceso de la interventoría.
“Pondremos en conocimiento de la instancia judicial, de lo Contencioso Administrativo de las observaciones que hicimos y por el otro lado dentro de las obligaciones que tenemos, estaremos vigilantes a través de la interventoría que la ejecución de las obras se realice con las calidades y con el procedimiento que todos esperamos que los dineros se inviertan de esa manera”, sostuvo.
LA DECISIÓN
Como se sabe, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá levantó la suspensión provisional que existía en contra de la licitación para la vía de la prosperidad que comprende los municipios de Palermo – Sitio Nuevo – Remolino – Guaimaro en el departamento del Magdalena. En esta decisión se anuló el fallo de tutela que se le había concedido al Instituto Nacional de Vías (Invías) que había interpuesto la acción de amparo frente a las irregularidades que habían rodeado el proceso de licitación adelantado por la Gobernación del Magdalena.
Ayer el Invías dijo que estudiará medidas jurídicas en contra de esta decisión y no se descarta que en los próximos días presenten recursos en contra del fallo ante la Corte Constitucional. El pasado 28 de agosto civil del circuito al resolver una acción de tutela, amparó el derecho al debido proceso argumentado por el Invías que manifestó la existencia de irregularidades en el proceso de contratación para el mejoramiento de esta importante vía. “Se tutela transitoriamente para que se cumpla dentro de la ley de contratación pública con las formalidades de ley.
En ese caso se tendrá que invertir debidamente los recursos destinados para la ejecución de la obra de los cuatro municipios del departamento del Magdalena todo con miras a satisfacer los derechos fundamentales de los habitantes de las poblaciones beneficiadas con dicha obra”, precisó la juez. Declarando improcedente la tutela interpuesta por Invías en contra del gobierno departamental en el proceso de la Vía de la Prosperidad, la Juez 34 Civil del Circuito de Bogotá, María del Pilar Arango, emitió fallo en el que prácticamente deja en firme el proceso de adjudicación del proyecto en el que se invertirán 466 mil millones de pesos. Como se recuerda la Vía de la Prosperidad fue adjudicada el pasado 12 de agosto por el gobernador Luis Miguel Cotes, después de una serie de polémicas que rodearon el proceso licitatorio que quedó en manos de la concesión colombo-española Ribera Este.
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