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Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud
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La cartera resaltó que el ajuste que tendrá este mecanismo para el año entrante debe ser riguroso y que a su vez garantice los recursos para la salud de los colombianos
Nuevamente, surge una polémica en torno al incremento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para el año entrante. El Ministerio de Salud respondió a la solicitud que han hecho los gremios como la Andi y Acemi, de aumentar estos recursos entre 15% y 17% para garantizar la buena salud de los ciudadanos.
Mediante un comunicado, la cartera aclaró que el cálculo se realiza a partir de la información de costos y servicios reportada por las EPS. “Este proceso se hace de manera rigurosa y tiene en cuenta todos los factores que permiten designar los recursos suficientes para el aseguramiento de los colombianos”.
Asimismo, insistió que no reconoce y, por el contrario, cuestiona las solicitudes hechas por estos gremios, bajo los argumentos de siniestralidad, los rezagos y la eliminación de datos.
“Quienes han defendido los intereses de los empresarios y representan a las EPS, particularmente Acemi y la Andi, hoy plantean una discusión alrededor del cálculo y la asignación de la UPC e insisten de manera reiterada que los recursos destinados a la salud de los colombianos son insuficientes. Bajo esta idea, proponen un aumento de la UPC entre 15% y 17%, desconociendo los hallazgos oficiales que evidencian que la crisis del sistema de salud no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público”, alertó el ministerio.
Ante lo dicho por la Andi, la cartera advirtió que la crisis de salud no es por un insuficiente ajuste en la unidad y reclamó que fueron los empresarios que dejaron de pagar “el aporte patronal a la salud de los trabajadores desde 2014. Este incumplimiento generó un vacío financiero que el Estado tuvo que cubrir, obligando a destinar más de $32 billones adicionales, que hoy pagan los ciudadanos vía impuestos. Es inaceptable que quienes incumplieron sus obligaciones ahora reclamen más dinero público sin asumir ninguna responsabilidad”.
“Resulta grave también que estas agremiaciones continúen señalando al Estado como responsable del supuesto desfinanciamiento, cuando el propio Gobierno ha identificado fallas estructurales derivadas del uso indebido de los recursos por parte de las EPS que ellas representan”, señaló.
Hay que tener en cuenta es que la UPC es el valor anual que entrega el Gobierno, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, a las EPS por cada afiliado para financiar su plan de beneficios de salud, con estos recursos se cubren servicios de consultas, medicamentos, hospitalizaciones, exámenes, entre otros.
Esto tiene como finalidad, que las EPS tengan los recursos suficientes para atender a los pacientes, sin importar la complejidad que presenten. Un recurso clave y necesario para que el sistema de salud colombiano funcione.
La falta de solvencia económica en las EPS, la crisis que se presenta en la salud, es un problema que aqueja el servicio de la salud. Sin embargo, las culpas divididas han impedido que realmente el sector público y el privado converjan en una solución real para aliviar las ineficiencias que se trasladan al servicio que ofrecen a los ciudadanos.
Ante la disparidad de cuánto debería ser el aumento de la UPC, el Gobierno presentó un estudio en cumplimiento con lo establecido en los Autos de la Corte Constitucional, para determinar en qué se ha destinado los recursos otorgados al sistema.
“Se han identificado pagos por prestación de servicios a personas fallecidas por más de $2,3 billones, así como sobrecostos absurdos en medicamentos, llegando a pagar tratamientos de bajo costo a precios hasta cientos de veces superiores a su valor real. Estas prácticas no solo constituyen un desfalco a los recursos públicos, sino que evidencian un patrón sistemático de desvío y despilfarro del dinero destinado a la salud de los colombianos”, advirtió la cartera.
Asimismo, cuestionó los señalamientos hechos por la Andi y Acemi y aseguró que, según estos análisis, por casa $100 asignados por UPC se ejecutan entre $85 y $97. “Esto desmiente la narrativa de una supuesta siniestralidad desbordada y confirma que el gasto de las EPS no supera los recursos que perciben. Insistir en eso es engañoso y busca instalar una percepción de crisis financiera inexistente para justificar mayores giros de recursos públicos”.
El Gobierno adelantó que ante este estudio y teniendo en cuenta las investigaciones que se adelantan contra algunas EPS por mal manejo de los recursos, proponen un aumento “desproporcionado” de la UPC “constituye un intento de inducir a error a la institucionalidad del Estado”.
“Pretender que el Gobierno adopte estas recomendaciones para equilibrar las finanzas de las EPS, sin corregir las prácticas que generaron la crisis, podría configurar conductas que deben ser investigadas por las autoridades competentes”, advirtió el MinSalud.
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