Cinco Autos emitidos por la Corte Constitucional tienen en aprietos al Gobierno, que se verá obligado en el corto plazo a tomar medidas inmediatas para mejorar la atención en salud y frenar el desbarajuste financiero del sistema.
Las órdenes se dieron el pasado 16 de noviembre como parte del seguimiento a la sentencia T-760 de 2008. En una de ellas, la Corte le dio 20 días al Gobierno para que adopten las medidas necesarias para salvaguardar, controlar y recuperar los recursos malversados y dilapidados en el sistema de salud.
Según las cuentas de la Contraloría, en los últimos cinco años el detrimento por corrupción o malas inversiones en el sistema de salud podría ascender a 8 billones de pesos. Sin embargo, lograr que ese dinero regrese a las arcas de la salud será una tarea titánica, teniendo en cuenta que hay diferentes desagües en el sistema de salud.
En este punto, Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi (Asociación de Empresas Sociales del Estado y de Hospitales Públicos), sostiene que será muy difícil retornar los dineros dilapidados al sector, especialmente en el caso de las EPS que hicieron malos usos y ya pasaron eso recursos a manos de terceros.
Con las exigencias de la Corte, uno de los organismos que más tendrá que correr será el Ministerio de Salud y Protección Social, que también deberá rediseñar el sistema de verificación, control y pago de recobros en un término de tres meses.
Los recobros al Fosyga por prestaciones que “supuestamente” no están dentro del POS ha sido uno de los focos del desangre del sistema de salud.
Según Jaime Arias Ramírez, presidente de Acemi (organización que agrupa la mayoría de EPS del contributivo), en este tema no se ha hecho prácticamente nada, y afirma que los recobros “van creciendo y se seguirán manteniendo”.
No obstante, según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, con las medidas de control que se han tomado los recobros pasaron de 2,4 billones en 2010 a 2 billones en 2011. La meta del Gobierno para 2012 es que esos recobros bajen hasta 1,8 billones de pesos, una cifra que sigue siendo alta.
Junto al tema de los recobros, la Corte también le exigió al ministerio expedir una regulación para conjurar la crítica situación de sobrecostos de precios de los medicamentos que no están dentro del POS, pero también de los que están incluidos en los planes de beneficio.
El vocero de los pacientes de alto costo, Néstor Álvarez, sostiene que aunque el Gobierno le puso tope a algunos medicamentos para controlar su precio, esos límites no se fijaron acorde con las tarifas internacionales.
Según Álvarez, en el caso de los medicamentos oncológicos los topes se pusieron pero teniendo como referencia el precio más alto del mercado, por eso no hay rebajas reales en los costos.
Las implicaciones de esta orden y de otras más emitidas por la Corte tiene preocupado al jefe de la cartera de Salud, Alejandro Gaviria, quien el pasado martes se reunió a puerta cerrada con los magistrados que emitieron los Autos, para saber los alcances de estas medidas que los tomaron por sorpresa.
LO MÁS DIFICIL DE CUMPLIR
Uno de los Autos que más alarmó Gaviria es el que le exige igualar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado a la que tienen los del contributivo, para que se pague lo mismo por todos los usuarios del sistema.
Hoy, lo que recibe una EPS por un usuario del contributivo es de $ 547.639 para que tenga acceso a todo lo del POS, mientras que el monto que gira el Estado por cada paciente del subsidiado es de $433.666. Lo que hizo la Corte fue exigirle al Ministerio que iguale esos montos por lo más alto.
Aunque las UPC se tenían que poner igual tarde o temprano después de que se tomó la decisión de poner el mismo POS para ambos regímenes, el Ministro esperaba tener un plazo para hacer los estudios técnicos que demuestren cuánto debe costar esta especie de prima que se paga por los usuarios en el sistema de salud.
Sin embargo, la salida de varias EPS del régimen subsidiado que se declararon incapaces de seguir prestando todos los servicios del POS sin un incremento en su UPC, fue uno de las razones que motivó a la Corte a tomar esta decisión.
Lo que le preocupa a Gaviria es que hacer esa igualación le costará al Estado entre 2 y 2,2 billones de pesos anuales que no contemplaron en el presupuesto para el 2013. Además, que sin estudios previos, la decisión puede ser apresurada porque no se sabe si la UPC del contributivo está sobrestimada y se termine pagando más de lo debido a las EPS.
Otra cosa piensa el Presidente de Acemi, quien sostiene que si bien se deben hacer estudios para saber cuánto debe costar la UPC para ambos regímenes, no es aceptable bajar la del contributivo, porque según él, apenas alcanza para pagar los costos del POS.
Una preocupación que comparten hospitales y gremios de pacientes con la decisión de la Corte es que se van a girar más recursos a EPS que se han declarado insolventes, y se teme que terminen utilizando esos recursos que son para mejorar la atención de los usuarios en sanear deudas pendientes.
“Nos preocupa que se generarán mayores recursos parafiscales a entidades que están en situación de insolvencia, y sin patrimonio mínimo. Por lo tanto es entregarles más plata a entidades que prácticamente están en causal de liquidación”, dijo la directora de Acesi.
¿UN MICO?
En uno de los Autos emitidos por la Corte, se le exige al Gobierno que “adopte medidas (a priori) para estimular que quienes tienen capacidad económica efectivamente coticen en el sistema de salud”.
Lo que le preocupa a los pacientes es que se empiece una especie de limpieza en el Sisbén y que terminen cotizando personas que no tienen como hacerlo.
El problema, según Álvarez, es que no se define con claridad qué se entiende por capacidad de pago, y se deja la puerta abierta para que suceda lo mismo que con los decretos de emergencia social, donde se llegó a sugerir que los usuarios podían gastar sus cesantías para pagar servicios de salud.
Sin embargo, la directora de Acesi sostiene que mientras no se expida un decreto la posibilidad está cerrada.
