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La cartera aseguró que el problema no son los recursos que se entregarán, sino cómo se van a administrar, insistiendo que la UPC no es insuficiente
El Ministerio de Salud salió al paso de las críticas que hacen los gremios a la fijación de la Unidad Por Capitación, UPC, para este año, que quedó en 9% (el dinero que gira el Estado a las EPS por cada afiliado para financiar su plan de beneficios de salud) y aseguró que el problema no son los recursos, sino como lo administren las promotoras de salud.
Reveló que durante este año, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, girará $101 billones a las EPS, por lo que el dinero, insistió, no será el problema para garantizar la estabilidad del sistema.
"Lo que hoy se intenta instalar como una supuesta insuficiencia de la UPC busca desviar la atención del problema estructural de fondo: durante años, las EPS, representadas por gremios como Acemi, han reportado información con inconsistencias graves, generando pérdidas multimillonarias y poniendo en riesgo la atención de los pacientes. Este no es un fenómeno nuevo ni atribuible a este Gobierno", aseguró el Ministerio.
Ante esta polémica, la cartera entregó algunas cifras que han registrado desde 2022 hasta la fecha. Informó que en este periodo el presupuesto de salud creció 51,4% en términos reales, lo que equivale a $25 billones adicionales y a 1,4 puntos del PIB, reveló que son cifras calculadas a precios constantes de 2025, es decir, descontando la inflación.
También destacó que en los últimos cuatro años la UPC aumentó 30,4% en términos reales, lo que representa $22,9 billones adicionales, equivalentes a 1,3 puntos del PIB.
Sobre como definieron el valor de la UPC para este año, señaló que no es una metodología discrecional ni improvisada. "Se basa en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por las EPS y fuentes oficiales, conforme al enfoque tradicional de los anteriores estudios actuariales. Así mismo, se enmarca en los criterios técnicos exigidos por la Corte Constitucional. Cuestionar esta metodología implica desconocer que fue precisamente el análisis de esos datos el que dejó en evidencia inconsistencias graves en el manejo de los recursos".
Además, enfatizó que para cerrar la brecha entre regímenes se equiparó la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95% de la del contributivo, en cumplimiento explícito de las órdenes de la Corte Constitucional
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