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Con el pacto se definieron frentes de trabajo como la sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias y mineras
Luego de más de diez años de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las comunidades de los 40 municipios afectados por la delimitación en el Páramo de Saturbán, el Ministerio de Ambiente logró por primera vez un acuerdo con Vetas, Santander.
Las comunidades han asegurado que esta delimitación genera la prohibición de actividades mineras y agropecuarias, lo cual los condenaba a su desaparición. Así, este municipio se convierte en el primero del país que logra llegar a concertar una nueva línea para la delimitación del páramo. Esto fue logrado teniendo en cuenta los seis ineludibles exigidos por la Sentencia T361 de 2017 impuesta por la Corte Constitucional.
Con la firma del pacto se definieron las estrategias y acciones que se debían emprender a partir de la delimitación para trabajar dentro del área establecida como páramo en diferentes frentes: sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias y mineras, el sistema de fiscalización, la protección de fuentes hídricas, la instancia de coordinación y, por último, la financiación.
Previo a la firma del pacto se logró discutir sobre el trabajo que deben emprender los mineros que han quedado por fuera de la línea de delimitación para reactivar completamente su actividad minera.
Se trazó una agenda entre el Gobierno y la comunidad para hacer un trabajo coordinado para el cuidado de las fuentes hídricas y unos mecanismos para operar el alcance de los acuerdos.
“El principal logro en el proceso de delimitación, en general y particularmente para Vetas, está relacionado con llegar a acuerdos muy complejos detrás de una sentencia que nos puso a prueba, desde el punto de vista técnico, jurídico, social y económico", afirmó Wilson Ramírez, asesor del Ministerio de Ambiente.
"Este proceso básicamente contribuye a generar una ruta que nos permite adaptar el modelo de concertación con otros municipios, tomando como ejemplo lo vivido en Vetas. Lo cual consideramos un gran hito para el país que pensamos debe ser imitado en el resto de municipios que deben sumarse a la delimitación”, agregó.
Por consiguiente, hoy se está abriendo una nueva etapa en materia ambiental demostrando que sí se puede llegar a concertaciones con la comunidad. Vetas se convierte en ejemplo y modelo de una comunidad organizada y preparada que ha realizado un diálogo eficiente y eficaz con el Gobierno Nacional.
“Para Vetas es importante sentirse valorados gracias al trabajo en conjunto en la concertación para la delimitación del páramo, frente a la conservación y el respeto a los derechos ancestrales de una comunidad que no ha hecho otra cosa más que proteger este ecosistema. Siempre se insistió en una delimitación que reconozca lo que hemos hecho como habitantes del territorio y que no vulnere los derechos de nuestra población. Logramos una delimitación justa.”, aseguró Hernán Bautista, alcalde de Vetas.
Cabe destacar que con la firma del pacto el Ministerio de Ambiente se compromete a corregir los errores cartográficos que inicialmente había propuesto y donde acaparaban más área y toda la comunidad se veía afectada. Además, nacen nuevos retos para las comunidades y el Gobierno frente a la necesidad de trabajar en cómo hacer sostenible la agricultura de bajo impacto que se puede desarrollar en el páramo.
También, cómo se puede migrar de la mano de los sectores mineros y agropecuarios, a través de la implementación del ‘Ecoturismo’ que en Vetas denominarán ‘Oro bajo frailejones’. Otro de los compromisos del Gobierno Nacional es ayudarle a Vetas en el montaje del ‘cluster turístico’, que es la herramienta fundamental para alcanzar un turismo de calidad.
“Por nuestra parte, los habitantes del municipio de Vetas seguiremos con el compromiso de cuidar como lo hemos hecho durante estos 450 años el páramo, sin tener que dejar de lado actividades tradicionales y ancestrales. Vetas siente que por fin ha sido premiado por conservar y tener tan hermoso este ecosistema, y todo este esfuerzo que hemos hecho por hacer sostenible nuestro territorio a través de nuestra actividad principal que es la minería. Le damos gracias al Gobierno y sobre todo al Ministerio Público, por haber garantizado la participación efectiva y amplia de todo el municipio”, expresó Ivonne González, presidenta de Asomineros.
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Según la Andi, una jornada de esta magnitud tendría un impacto semanal de $85.000. Fenalco expresó que sectores como turismo y comercio serían los afectados
