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Martha Carvajalino, ministra de agricultura
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La resolución generó preocupación en distintos sectores ya que provocó la duda de si la cartera de Agricultura tendrá ahora facultades de Superintendencia
El Ministerio de Agricultura expidió la resolución 000052, la cual tiene fecha del 17 de marzo, allí se reglamentan las labores de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias nacionales y se dictan otras disposiciones.
La resolución generó preocupación en distintos sectores ya que provocó la duda de si la cartera de Agricultura tendrá ahora facultades de Superintendencia y de esa manera podrá cerrar gremios relacionados al agro.
Según se lee, en el artículo 7, llamado medidas preventivas, “el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá aplicar las medidas preventivas para evitar de manera transitoria que una asociación campesina o una asociación agropecuaria nacional, sean o no agremiaciones, en ejercicio de su actividad no cumpla o exceda los límites impuestos por la ley, por la voluntad de sus fundadores o por sus propios estatutos, en lo relacionado con su constitución y funcionamiento”.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio podrá tomar la siguiente medida preventiva, “intervención Administrativa, la cual puede darse mediante un cambio temporal de administración, caso en el cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá remover administradores para evitar afectaciones al sector, o a la asociación por la gravedad de las irregularidades detectadas”.
Uno de los primeros en reaccionar fue el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, quien señaló que “el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura tiene la intención de tomarse los gremios agropecuarios y quedarse con los recursos parafiscales. No veo otra intención detrás. Una resolución del ministerio le está dando facultades para cambiar a los directores de los gremios e imponerles sanciones millonarias”.
Al extitular de la cartera se le sumó un pronunciamiento del Consejo Gremial, quienes por medio de un comunicado detallaron “este es un nuevo intento del Gobierno por limitar la vocería legítima de los gremios y restringir el ejercicio de su labor".
Y agregaron que esa resolución “representa una grave extralimitación de funciones y una amenaza directa a la libertad de asociación y la autonomía gremial, principios fundamentales de un Estado democrático".
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