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Al menos 60% del número de empleados de estas ciudades es informal.
Los 2.219 kilómetros de frontera que comparten Colombia y Venezuela llevan décadas siendo un foco de problemas sociales y políticos. Sin embargo, la continua llegada de venezolanos de los últimos años ha empeorado los indicadores de algunas ciudades como Cúcuta o Riohacha, dos de las que condensan el mayor grueso de migrantes en el país.
Y es que a pesar de que estas ciudades han mantenido históricamente altos niveles de desempleo o informalidad, este fenómeno ha deteriorado aún más sus indicadores. A ello, se le suma el costo por los requerimientos de los servicios de salud y el impacto en la seguridad ciudadana con la aparición de la delincuencia común.
En la última década, Cúcuta ha pasado del tercer puesto a nivel nacional en informalidad (66,10%) detrás de Sincelejo y Montería a liderar este ranking en 2018 con una tasa de 70,10%. Además, el número de personas desempleadas también ha ido en aumento y de estar fuera del Top cinco de mayor desempleo en el país ha pasado a pelearse el primer puesto cada trimestre con Quibdó. En el periodo entre octubre y noviembre de 2018, registró la segunda tasa más alta del país, con 15,70%.
“Es una ciudad que ha arrastrado problemas estructurales por años como el desplazamiento forzado por la violencia o el flujo de personas, además depende del comercio. Con este flujo migratorio, se instalaron más de 150.000 personas lo que ha generado mayor oferta de mano de obra y que los empresarios quieran contratar por debajo de las condiciones legales laborales. Eso unido a lo estructural, genera un gran problema”, manifestó Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Sin embargo, la directora de Fenalco Cúcuta, Gladys Navarro, indicó que el año pasado se evidenció una recuperación del comercio de la ciudad, uno de sus principales sustentos económicos, marcado principalmente por sectores como los víveres y los abarrotes.“La participación de compras de venezolanos creció 30%, lo que significa que a pesar del diferencial cambiario tan grande, estos compradores prefieren la ciudad”, explicó.
“Lo que preocupa es que los empresarios quieran contratar a los migrantes venezolanos por salarios por debajo de lo que establece la ley”.
“La situación actual agudiza y refleja la dependencia económica que siempre ha tenido la ciudad de Cúcuta con Venezuela”.
“La mayor preocupación de los empresarios de la región es el microcontrabando que se genera por los migrantes venezolanos que llegan a las ciudades del departamento, en especial, a Riohacha y Maicao”, advirtió Álvaro Romero Guerrero, presidente de la Cámara de Comercio de La Guajira.
De acuerdo con Dewin Pérez Fuentes, director del Observatorio Laboral de Cartagena y Bolívar, este fenómeno migratorio se constituye en un factor adicional que representa un gran impacto para la debilidad de un aparato productivo con limitadas posibilidades para crear empleos y a las desventajas que tiene una oferta de trabajo en relación de la acumulación de capital humano.
"En general, los impactos podrían estar referidos hacia una mayor presión de la oferta de trabajo que busca oportunidades frente a un aparato productivo que no tiene la capacidad para responder a la mano de obra nacional que habita estas ciudades y mucho menos sumando la cantidad de venezolanos que diariamente atraviesan la frontera. Esto se refleja en mayor desempleo e informalidad. Además, presiona los salarios promedio a la baja y genera contradicciones frente a la reconfiguración del mercado de trabajo a favor de mano de obra más barata que la nacional", opinó Pérez.
La incidencia de la pobreza es otro de los problemas estructurales que enfrentan ambas ciudades. Mientras que la monetaria de Riohacha se situó en 2017 en 46,90% (la segunda mayor del país), la de Cúcuta fue de 33,50% y la nacional de 26,9%. Destaca que la capital de La Guajira también es la segunda con mayor incidencia de pobreza monetaria extrema del país, con una tasa de 15,1%, detrás de Quibdó, que registró hace dos años una nivel de 17,7%.
"Existe una crisis de gobernabilidad en La Guajira donde en tres años han pasado por el distrito nueve alcaldes", sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio de ese departamento.
Principalmente, uno de las razones para la precariedad del desarrollo económico de La Guajira es que su principal actividad, que es la minero-energética, no genera el volumen de empleo que el territorio necesita. En ese sentido, hay que resaltar que no se ha llegado a explorar a fondo otros sectores como podría ser el turístico. Ello, a pesar de que está posesionado como uno de los destinos preferidos por los viajeros en el país, especialmente por los extranjeros.
En materia de inflación, este flujo migratorio no ha afectado el costo de vida pues ambas ciudades cerraron 2018 con un IPC inferior al indicador nacional, que quedó en 2,18% y una de las razones que se argumentan es que no se cuenta con una base productiva que garantice un abastecimiento continuo, el cual permita una estabilidad relativa de los precios.
No obstante, el cierre de la frontera ha paralizado todas las operaciones comerciales para las que era necesaria el cambio entre bolívares y pesos, una situación que ha afectado a los cambistas. “Los volúmenes de nuestras negociaciones están bastante bajos”, aseguró el presidente de Asocambios, Juan Fernando González.
En total, el gobierno ha estimado que el impacto fiscal derivado de la migración es de 0,5% de PIB y que es una cifra que se podría elevar si no se toman las medidas necesarias.
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