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Comportamiento del déficit fiscal del GNC
El Ministerio de Hacienda explicó que durante esta primera fase, las conversaciones se concentrarán en la realización de la consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI
A poco más de 15 días de que el Gobierno decidió tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional, FMI, por cuarta vez desde inicios de siglo, el Ministerio de Hacienda anunció que una misión técnica de la entidad visitará Bogotá en noviembre para continuar las conversaciones sobre la estrategia de estabilización de las finanzas públicas y explorar alternativas de apoyo financiero para Colombia.
El jefe de cartera, Miguel Gómez Martínez, aseguró que este es el siguiente paso en el acercamiento entre el Ejecutivo y el fondo. "El decidido acompañamiento que el FMI está dando a Colombia es altamente valorado por el Gobierno nacional, en la medida en que contribuye a anclar la confianza en el país", recalcó.
El MinHacienda explicó que durante esta primera fase, las conversaciones con el FMI se concentrarán en la realización de la consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, que es un mecanismo a través del que la entidad evaluará periódicamente la situación económica y financiera de los países miembros. A su vez, propondrá instrumentos que permitan mejorar las condiciones de financiamiento.
La visita de la misión técnica se enmarca en las conversaciones que el Gobierno ha venido adelantando con el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, quien visitó el país a finales de septiembre. Cabe recordar que durante ese encuentro, Clarke celebró la solidez institucional del país y afirmó que el interés del fondo por apoyar los esfuerzos de Colombia para fortalecer su credibilidad económica.
A esto se suma la agenda en Washington que encabezó el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, y en la que participaron el director general de política macroeconómica, Sammy Libos, y el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, quienes visitaron las instalaciones del FMI para consolidar aún más el acercamiento con Colombia.
Pese a que el ministro Gómez había descartado la posibilidad de acercarse a la banca multilateral, el antecedente de un déficit fiscal de 6,4% del PIB el año pasado y ante la previsión de que este se profundice a 7,2% del PIB al cierre de 2026 llevó al presidente Abelardo de la Espriella a tocar la puerta del FMI por cuarta vez desde inicios de siglo.
De acuerdo con el director de investigaciones económicas de Corficolombiana, César Pabón, la alternativa a la que apelaría el Ejecutivo es la Línea de Precaución y Liquidez, la cual está dirigida a economías con necesidades de liquidez, pero con vulnerabilidades que les impiden acceder a la Línea de Crédito Flexible.
Se trata de préstamos con plazos de entre seis meses y dos años y tasas similares a las del acuerdo de facilidades extendidas, pero sujetos a condiciones como finanzas públicas sólidas, sostenibilidad de la deuda y una inflación baja y estable, alineada con la política monetaria del banco central.
No obstante, estos son requisitos que el país no cumple actualmente, pues la inflación está desanclada de la meta del Banco de la República en más de tres puntos porcentuales y se necesita un superávit primario de 2% del PIB en 2028 para estabilizar las cuentas.
De otro lado, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, detalló que el programa al que el país le apostaría sería el acuerdo de facilidad extendida (SAF, por sus siglas en inglés). La primera vez que Colombia acudió a este mecanismo fue en 1999, por US$2.700 millones. Luego, en 2003 y 2005 se accedió a acuerdos de derecho de giro o acuerdos Stand-by, que proporcionan financiamiento externo de corto plazo, de hasta 36 meses.

Sobre el acuerdo de facilidad extendida, el FMI explicó que este mecanismo busca atender problemas de balanza de pagos derivados de deficiencias estructurales que no pueden resolverse en el mediano plazo. Son créditos que suelen aprobarse por periodos de tres a cuatro años.
Los plazos de reembolso suelen estar entre cuatro y 10 años y, en cuanto a las tasas de interés, comprenden una tasa de derechos especiales de giro de mínimo 5 puntos básicos, más un margen de 60 pbs., para conformar la tasa de cargos básica.
Desde 1945, el país ha firmado 28 acuerdos de crédito con el organismo, en su mayoría bajo la modalidad Stand-By. Diez de ellos se concentraron entre 1957 y 1968, en medio de ajustes cambiarios y la caída de los precios del café. Luego, Colombia volvió a recurrir a estos programas en 1999, 2003 y 2005, además de un Servicio Ampliado entre 1999 y 2002 para enfrentar la crisis financiera de finales de los noventa.

A partir de 2009, la relación giró hacia la Línea de Crédito Flexible, LCF, un instrumento preventivo para economías con fundamentos sólidos. Entre 2009 y 2018, el país suscribió siete acuerdos y renovaciones con cupos de entre US$3.500 millones y US$11.500 millones, que funcionaron como respaldo frente a la volatilidad externa y el choque petrolero.
Dos años después, con un cupo de US$10.800 millones, el país hizo el único desembolso efectivo en la historia de la LCF, al retirar US$5.400 millones para atender la emergencia del covid-19. Y, para 2022, la línea se renovó en US$9.800 millones y en 2024 bajó a US$8.100 millones.
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