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El Ejecutivo acudirá a la banca multilateral para aliviar el déficit fiscal, que fue de 6,4% del PIB el año pasado y promedió 4,2% desde 1994. El dato de 2026 sería el más alto
Con el antecedente de un déficit fiscal de 6,4% del PIB el año pasado y ante la previsión de que este se profundice a 7,2% del PIB al cierre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella le ordenó al Ministerio de Hacienda restablecer las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, FMI, de cara a aliviar el panorama fiscal.
Aunque Miguel Gómez, ministro de Hacienda, había descartado la posibilidad de acercarse a la banca multilateral durante la Convención Bancaria, la cartera acudiría por cuarta vez en lo corrido del siglo a un programa condicionado del FMI.
La alternativa a la que apelaría el Ejecutivo es la mencionada por César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana: la Línea de Precaución y Liquidez. Esta opción está dirigida a economías con necesidades de liquidez, pero con vulnerabilidades que les impiden acceder a la Línea de Crédito Flexible.
Se trata de préstamos con plazos de entre seis meses y dos años y tasas similares a las del acuerdo de facilidades extendidas, pero sujetos a condiciones como finanzas públicas sólidas, sostenibilidad de la deuda y una inflación baja y estable, alineada con la política monetaria del banco central. Estos son requisitos que el país no cumple actualmente, pues la inflación está desanclada de la meta del Emisor en más de tres puntos porcentuales y se necesita un superávit primario de 2% del PIB en 2028 para estabilizar las cuentas.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, explicó que el programa al que el país le apostaría sería el acuerdo de facilidad extendida (SAF, por sus siglas en inglés). La primera vez que Colombia acudió a este mecanismo fue en 1999, por US$2.700 millones.
En 2003 y 2005 se accedió a acuerdos de derecho de giro o acuerdos Stand-by, que proporcionan financiamiento externo de corto plazo, de hasta 36 meses, a países con problemas de balanza de pagos.
“Es buena noticia, porque representa la posibilidad de tener una entidad experta independiente acompañando al gobierno a trazar una senda creíble de sostenibilidad fiscal”.
“Hace el ajuste mas creíble. El país accede a tasas más bajas, pero habrán métricas de ajuste, deben haber objetivos para no continuar la senda de desbalance”
Sobre el acuerdo de facilidad extendida, el Fondo Monetario Internacional explicó que este mecanismo busca atender problemas de balanza de pagos derivados de deficiencias estructurales que no pueden resolverse en el mediano plazo. Son créditos que suelen aprobarse por periodos de tres a cuatro años.
Los plazos de reembolso suelen estar entre cuatro y 10 años y, en cuanto a las tasas de interés, comprenden una tasa de derechos especiales de giro de mínimo 5 puntos básicos, más un margen de 60 pbs., para conformar la tasa de cargos básica.
También existe una sobretasa que varía dependiendo del monto del crédito y del plazo de reembolso. Esta inicia en 200 pbs. y busca desincentivar el uso prolongado de los recursos del FMI.
“Nuestra expectativa es que, si las conversaciones actuales prosperan, el Gobierno busque un programa parecido al de 1999: un acuerdo multianual con metas fiscales y estructurales verificables. Más allá de los recursos, el principal valor de un programa de este tipo sería darle un sello externo de credibilidad al plan de ajuste fiscal”, apuntó Mejía.
“Esperaría que de aquí a fin de año haya un plan aprobado. Se tomará un tiempo porque cualquier acuerdo debe ir a la junta para aprobación. La gran importancia es que tendremos al FMI como un aliado en la revisión constante del plan que se acuerde y poder ir tomando decisiones acertadas”, concluyó Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo.
Colombia es miembro del FMI desde 1945 y ha tenido 28 acuerdos con el organismo.
A lo largo de su historia, Colombia ha suscrito 28 acuerdos de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), principalmente bajo la modalidad de Acuerdos Stand-By, utilizados como mecanismos de respaldo financiero y estabilización macroeconómica.
Entre 1957 y 1968, el país suscribió 10 acuerdos consecutivos, en un contexto marcado por ajustes cambiarios y la caída de los precios internacionales del café. Posteriormente, Colombia recurrió nuevamente a estos programas en 1999, 2003 y 2005, mientras que entre 1999 y 2002 mantuvo un Servicio Ampliado del FMI, orientado a reformas estructurales y a la recuperación tras la crisis financiera de finales de los noventa.
Desde 2009, el país también ha utilizado la Línea de Crédito Flexible, LCF, un mecanismo preventivo creado por el organismo para economías con marcos macroeconómicos considerados sólidos.
Entre mayo de 2009 y junio de 2018, el país suscribió siete acuerdos y renovaciones con cupos aprobados entre US$3.500 millones y US$11.500 millones, utilizándolos como un escudo de contingencia frente a la volatilidad internacional y el choque de los precios del petróleo.
El esquema cambió sustancialmente en mayo de 2020 con un cupo de US$10.800 millones, cuando Colombia realizó el único desembolso efectivo en la historia de la LCF al retirar US$5.400 millones para atender la emergencia sanitaria y fiscal del COVID-19.
Posteriormente, el Gobierno renovó la línea en abril de 2022 (US$9.800 millones) y en abril de 2024 (US$8.100 millones) bajo una estrategia de reducción gradual del cupo, hasta que las autoridades colombianas decidieron cancelar anticipadamente el acuerdo a finales de 2025.
Revisando en el acumulado a nueve meses los ingresos de la petrolera estatal sumaron $103,9 billones y y la utilidad neta alcanzó $13,7 billones
El centro de pensamiento respaldó la Ley de Rescate, pero pidió revisar algunas medidas tributarias y laborales. También planteó reducir cargos estatales y focalizar los subsidios
La revisión también identificó 143 personas con contratos simultáneos en distintas entidades públicas y 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes a seguridad social
