Más de 300.000 personas salieron de pobreza energética de acuerdo con el Impe

Promigas y su Fundación Promigas presentaron la III edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética, Impe, la cual es una herramienta con la cual se mide la pobreza energética, que es la entendida como una condición en la que “confluyen una acumulación de privaciones que limitan la posibilidad de las personas de realizar actividades esenciales mediadas por el uso de la energía”.

En el informe explicaron que el año pasado la pobreza energética en el país alcanzaba 16,1%, lo que era equivalente a 8,4 millones de personas. Mientras que en 2024, la cifra bajó a 15,4%, lo que se traduce en que más de 300.000 colombianos han superado esta situación. Aunque advierten que todavía hay cerca de 8,1 millones de personas en condición de pobreza energética.

“El Impe es más que una métrica: es una hoja de ruta para transformar vidas y cerrar brechas históricas; es una carta de navegación para los gobernantes, que les permite identificar rutas posibles para reducir la pobreza energética, balanceando eficiencia y equidad”, explicó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

En el informe también indicaron que se habían presentado avances en la reducción de la pobreza energética por medio de mejoras en indicadores como el acceso a electrodomésticos, el internet, el computador y el Smartphone. También explicaron que la privación en calidad de la energía no solamente persiste, sino que es mayor que en 2002; además, en el último año señalaron que aumentó la privación en energético adecuado para cocinar.

En cuanto a las zonas que presentan bajos niveles de privación energética se encuentran Bogotá, con 1,4%; Quindío, con 2,9%; Valle del Cauca, con 3,5%; y Risaralda, con 4,6%. En el otro extremo, donde las cifras son críticas, se encuentra Córdoba, con 45%; Chocó, con 52,8%; La Guajira, con 63,1%; y Vaupés, con 86,5%.

“Alcanzar un dígito en 2030 es posible a través de la implementación de diferentes medidas que reducirían las brechas regionales y rurales a un ritmo acelerado”, añadió Rojas.

En el informe añadieron que luego de tres años de medición continua, ya el país cuenta con una brújula más precisa para orientar sus acciones hacia la reducción de la pobreza energética. “El Impe no solo permite evaluar el camino recorrido -visibilizando avances y desafíos en el pobreza energética-, sino también trazar el rumbo de los próximos años, al ofrecer escenarios prospectivos que orientan la acción pública y privada”, se lee en el informe.

En esta edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética se presentó una hoja de ruta donde se plantean cuatro acciones consideradas por ellos como clave con el fin de acelerar la meta de un dígito de pobreza energética a 2030, con el cual señalan que se puede llegar a reducir en cerca de 40% (2,9 millones de personas, el número de personas pobres energéticos en el país).

Es decir, el objetivo hacia 2030 es que el número de personas en pobreza energética pase a ser de 9,5%, lo que se traduce en pasar a 5,17 millones de personas en 2030.

Estas cuatro acciones planteadas allí son recuperar y ampliar la calidad de la energía eléctrica en aquellas zonas en las que se ha desmejorado; avanzar en la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Leña; ampliar la dotación de electrodomésticos básicos y dispositivos para aprender y comunicarse con el fin de aprovechar la energía dentro del hogar; y garantizar el acceso a la energía eléctrica en todos los colegios del país.

“Si alcanzamos la meta de reducir la pobreza energética a un solo dígito para 2030, aún habrá cerca de 5,1 millones de personas viviendo en esta situación en Colombia. Por eso, es urgente implementar desde ahora políticas claras y de largo plazo, ya que el desarrollo no admite atajos”, apuntó Rojas.

Agregaron en las proyecciones que también esperan una disminución en el porcentaje promedio de carencias que enfrentan los hogares pobres energéticos, de 46,7% a 43,2%, lo que dicen que supone no solamente menos personas en pobreza energética, sino también una menor intensidad de las privaciones para las personas que permanecen en condición de pobreza energética.