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Magistrado Carlos Camargo asumirá la revisión del estado de emergencia económica
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La revisión de la Corte será importante para establecer si el Gobierno cumplió los requisitos constitucionales para declarar la emergencia
La Corte Constitucional inició este martes 13 de enero la revisión del estado de emergencia económica y social declarado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a finales de 2025. Se trata de una decisión que definirá si las medidas extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo se ajustan a la Constitución.
Durante la Sala Plena, y una vez finalizado el receso por la vacancia judicial, el alto tribunal realizó el reparto de los decretos legislativos expedidos en el marco de la emergencia. El Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual se declaró la emergencia en todo el territorio nacional, quedó bajo la ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis.
Por su parte, el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que contiene medidas tributarias para financiar los gastos derivados de la emergencia, será estudiado por el magistrado Juan Carlos Cortés González.
La revisión de la Corte será importante para establecer si el Gobierno cumplió los requisitos constitucionales para declarar la emergencia y si las medidas adoptadas respetan los límites que la Carta Política impone al uso de facultades extraordinarias.
El análisis cobra especial relevancia por el contenido tributario de uno de los decretos. Diferentes sectores han expresado su preocupación por un posible exceso del Ejecutivo en una materia que, en condiciones normales, corresponde al Congreso de la República. En ese sentido, el Consejo Gremial solicitó a la Corte la suspensión provisional de los decretos mientras se realiza el estudio de fondo. En su petición, advirtió que la medida busca evitar “el abuso presidencial del estado de emergencia económica para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos”.
Esta noticia se produce justo un año después de que se conociera la descertificación, un estatus que Colombia no perdía desde 1997, durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper
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