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Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen
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Natalia Gutiérrez aseguró que la medida es necesaria para prevenir el uso abusivo de los poderes de excepción que pueden socavar el orden constitucional
El Consejo Gremial Nacional envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, en la que solicitó sea suspendido el Decreto 1390 de 2025, con el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, con el objetivo de imponer nuevos mecanismos de recaudo tributario y solventar el déficit fiscal.
En la misiva, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo, le pidió al alto tribunal estudiar la suspensión provisional de los efectos de este decreto, pues aseguró que es necesaria "para impedir que el uso abusivo de los poderes de excepción socave el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes".
A su vez, el Consejo explicó que la decisión de la Corte debería aplicar para todos los decretos legislativos que el Gobierno expida en razón de la emergencia económica, los cuales quedarían sin fundamento efectivo.
Entre sus argumentos, la líder gremial trajo a colación el principio de proporcionalidad sobre el que el alto tribunal dicta que una suspensión de decreto puede efectuarse, siempre y cuando sus beneficios sean más importantes que las desventajas que genere para la democracia, y aseguró que se cumple. "Antes bien, es una manera de garantizarlo, así como una medida que asegura el cumplimiento de los principios de supremacía de la Constitución, de separación de poderes, de legalidad tributaria, de reserva de ley tributaria", agregó.
El Consejo también explicó que la decisión de suspensión tiene lugar cuando su objetivo sea impedir hechos de elusión del control de constitucionalidad, así como la creación de "distorsiones económicas y de inseguridad jurídica económica que pueda desestimular a los inversionistas y crear alteraciones del sistema económico".
Recalcó que cualquier desventaja que surja de la decisión será compensada por las ventajas que esta misma representaría.
El mecanismo articularía en un solo esquema los beneficios tributarios y las garantías de estabilidad jurídica para quienes inviertan en el país.
El aporte a cargo del empleador se mantendría en 8,5%, mientras que el porcentaje correspondiente al empleado variaría entre 4% y 8%
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