Luces y sombras de la restitución de tierras

La semana que termina dejó una noticia judicial que no trascendió en las esferas nacionales, pero que significa mucho para el cometido del Estado de cumplir con lo ordenado en la Ley de Víctimas: restituir las tierras a los despojados.

Se trató de la decisión de un juez de Restitución de Tierras con sede en Cartagena, quien avaló las pruebas que reunieron en un trabajo conjunto la Unidad de Restitución de Tierras y la Corporación Jurídica Yira Castro, y profirió fallo a favor de seis familias, que ahora contarán con la debida titulación de sus predios, que sumados son 275 hectáreas y 4.687 metros cuadrados. 

Ese fallo es el resultado de la aplicación de la Ley de Víctimas, la cual no sólo dispuso el resarcimiento económico para los afectados, sino también cumplir con la devolución de sus predios. 

Aunque desde el 2012 ese ha sido un compromiso del Gobierno Santos, lo alcanzado hasta el momento deja muchas dudas, tanto entre las propias víctimas, como en algunos de los tenedores legales de tierras, a quienes les pretenden retirar su posesión.

Preocupación de los ganaderos

El presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, ha recogido a lo largo del país los comentarios de ganaderos y hacendados quienes están viendo que los procedimientos de restitución de las tierras están resultando equivocados en algunos casos: “Acompañamos al Gobierno en la aplicación de una norma como la Ley de Restitución, que busca quitarles la tierra a aquellos violentos, pero en aplicación de esa ley han surgido una cantidad de avivatos que han venido pretendiendo invocar un derecho que en algunos casos no es real precisamente, para idear situaciones de conflicto en regiones del país”. 

Precisó que, por ejemplo, en la zona de Sabana de Torres (Santander) se han dado una serie de conflictos derivados de grupos que pretenden reclamar uno derechos falsos: “Las autoridades judiciales que tienen que fallar esos temas tienen que ser muy cuidadosas, para evitar que empiecen a generar situaciones de conflicto, donde realmente no hay los presupuestos que la ley establece para restituirles la tierra a estos actores”, sostuvo. 

Para el dirigente ganadero “hay casos de gente correcta que se ve afectada, porque hay grupos que ya están intentando liderar estos procesos más con fines políticos y de proselitismo y no porque haya una razón lícita para reclamar las tierras”. 

Además de Santander, estas situaciones se estarían gestando en Córdoba, Antioquia y Bolívar. 

Los reclamos de las víctimas

Por el lado de las víctimas, hace una semana las principales ONG del país que trabajan por los derechos de estas personas le enviaron una carta al presidente, Juan Manuel Santos, en la que le explicaban la creación de más trabas para que las víctimas accedan rápidamente a sus tierras. 

En la comunicación firmada por Tierra y Vida, Redepaz, Nuevo Arco Iris, Instituto Popular de Capacitación-IPC y Forjando Futuros, le decían que sumado a eso es muy lenta la ejecución de la Unidad de Restitución de Tierras y los jueces agrarios. 

“Genera profunda preocupación la creación de nuevos trámites y requisitos. Según la Unidad Especial de Restitución de Tierras, se debe pedir autorización por escrito a los testaferros y usurpadores de los terrenos para hacer los levantamientos topográficos, necesarios como material probatorio en el proceso de reclamación. Este tipo de procedimiento atenta contra la inversión de la carga de la prueba, establecida como principio y garantía de la Ley”, señala la comunicación. 

Para Gerardo Vega Medina, de la Fundación Forjando Futuros, “si bien reconocemos un avance en la política de restitución, también encontramos que tanto trámite y requisito hace ineficaz ese propósito. No deben las víctimas solicitar la autorización para ir a los predios, esa autorización la da quien está en la actualidad ahí, quien es un segundo ocupante, un testaferro, un victimario y no tiene razón que la gente tenga que estar pidiendo permiso para ir a ver sus tierras”. 

Vega pidió de las autoridades respetivas que hagan una gestión muy clara, porque se debe partir de la buena fe de la víctima. Creo que por hacer más están haciendo menos y se está enredando el procedimiento de la restitución y lo convierte en un mecanismo inocuo”. 

Frente a esa carta, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, respondió que no se debe entender como un requisito más que se haya inventado el Gobierno: “Sobre esos estudios de topografía que se hacen por parte de la Unidad, emitimos un acto administrativo en el que se especifica quién es la persona que va a hacer el levantamiento topográfico, la orden de la prueba y por cuenta de qué autoridad se está haciendo la misma, para que quienes estén en el predio entiendan que quien llegó allá fue un funcionario revestido de autoridad, eso se hace en todo el país y no es una dificultad. Ellos están confundiendo el procedimiento, no pedimos esas autorización para entrar a los predios”. 

Labor de la unidad de restitución

Aunque el proceso de la restitución de la tierra a los colombianos se está dando en un trabajo integrado de muchas entidades, entre ellas Policías Fiscalías Contraloría, Procuraduría y ministerios del Interior, Justicia y Agricultura, la gran responsable es la Unidad de Restitución de Tierras. 

Hasta la fecha se han abierto en todo el país 15 oficinas en igual número de departamentos para recibir peticiones de los reclamantes; se designaron los jueces, quienes son los encargados de llevar a cabo la fase judicial de los procesos construidos por la Unidad, y se consolidaron programas con los que se busca garantizar un retorno seguro y productivo para las víctimas. 

Según Ricardo Sabogal, de las reclamaciones que se hicieron el año pasado, la Unidad está tramitando más de 5 mil procesos, de los cuales entraron a fase judicial 1200. Aceptó que en comienzo fueron muchas las críticas, pero dice que inicialmente se tuvo que estructurar la entidad, se hizo indispensable la capacitación al personal para ejecutar un proceso nuevo y se demostró que la Ley es viable para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto. 

Recordó que las primeras sentencias que restablecieron los derechos sobre predios a víctimas en los departamentos de Bolívar, Tolima y Norte de Santander se dieron en un periodo no superior a los 8 meses. 

Para Sabogal, este año será más de decisiones judiciales, pues los temas más fuertes de despojo ya están en manos de los jueces que ejercen su labor en los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar. Indicó que en este momento se tienen en trámite más de 30 mil reclamaciones, que buscan restablecer los derechos sobre más de 2 millones de hectáreas, de las cuales por lo menos 5 mil están en fase administrativa. 

Frente a las críticas tanto de campesinos como de los poseedores legales de las tierras, el director Sabogal recordó que la Ley de Víctimas es muy precisa al respecto, y en tal sentido señala que se les debe informar que arranca ese proceso de restitución y “no es que la Unidad se lo invente. La Unidad no es la entidad la que dice que quien está en el predio es un despojador o un testaferro, eso lo dice un juez de la República”. 

Detalló que la acción de la Unidad ya está en 70 zonas del país con intervención directa, en donde las condiciones de seguridad se han dado para el trabajo de los funcionarios. 

Frente a la gestión de los jueces, Ricardo Sabogal manifestó que “vemos con muy buenos ojos la forma como han venido operando los jueces. Las providencias que se están emitiendo son de una riqueza jurídica muy buena, siento que este es un proceso muy joven, en el que todos estamos arrancando, pero lo que nos están mostrando los jueces es que habrá una muy buena materialización, para dar un comparado, en 8 años de la Ley de Justicia y Paz sólo se conocen 12 sentencias, mientras que los jueces de Restitución de Tierras están emitiendo fallos casi todos los días”. 

Las argucias jurídicas

En concepto del director de la Unidad de Tierras, ese tipo de procedimientos judiciales que se interponen para frenar la acción del Estado se tiene claro y se ha ido superando: “Es una constante; la tenemos de todas las formas que se les despejó las tierras a los campesinos, por eso la ley determinó unos poderes para tumbar esas argucias”. 

Por su parte el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, sostuvo que entre esas argucias jurídicas se han encontrado situaciones como aclaración de linderos, suplantaciones, prescripciones adquisitivas en documentos, resoluciones del Incora e Incoder falsificadas, simulaciones, escrituras paralelas. 

Frente al diagnóstico que ha hecho la Superintendencia de Notariado sobre despojos de tierra, informó que se ha identificado que hay un millón 147 mil hectáreas y anunció que antes de un mes se tendrá un estudio sobre la situación en el departamento de Magdalena. Indicó que de ese total, 600 mil hectáreas son del Estado y se consideran baldíos, mientras que el restante es de personas jurídicas también despojadas. Vélez indicó que tan sólo esta cantidad de tierra hace el 20 por ciento de todos los predios que han sido despojados a las víctimas. 

“Estamos haciendo diagnósticos por zonas del país, este año haremos lo que falta de Urabá, Córdoba, parte de la altillanura y parte del Magdalena Medio”, declaró. 

La labor de restitución es una tarea ardua en la que el Gobierno está comprometido, pero de no avanzar con la seguridad jurídica y rapidez, aumentarán las críticas a la misma.