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En un estudio realizado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el contrato de Cerro Matoso, el órgano de control detectó varios puntos débiles, que lo dejan con “dudas sobre la negociación”.
El órgano de control asegura que, desde la perspectiva ambiental, la ampliación del contrato minero no contó con una consulta previa, que es requisito por la existencia de comunidades negras en la zona. En segunda instancia, Cerro Matoso no cuenta con licencia ambiental.
En cuanto a las compensaciones económicas de la empresa, “la CGR no tiene claro el beneficio en la negociación frente a las regalías y compensaciones establecidas”. Primero que todo se sostiene que la contraprestación económica a título de compensación adicional fue pactada a cambio de un pago por canon de arrendamiento. Hay dudas sobre el pago que realiza la empresa al Estado cuando los niveles de procesamiento aumenten.
Otro aspecto fundamental es que las regalías que se reciben actualmente solo provienen del níquel y no se tiene en cuenta el hierro ya que lo que se extrae en el proceso minero es el ferroníquel, que después es procesado por Cerro Matoso.
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