Los chanceros se reparten el país: Rafael Merchán

Una de las entidades del Estado que menos conoce la gente, pero en las cuales están centradas las expectativas del Gobierno por el alcance de lo que puede llegar hacer, es la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Aunque la entidad arrancó con un nombre muy prometedor, la oficina del Zar anticorrupción, con el paso del tiempo se fue modificando ante los poco satisfactorios resultados en la lucha contra este flagelo

Sin embargo, hace dos años el gobierno de Juan Manuel Santos encauso el organismo en donde hoy la cabeza principal es Rafael Merchán. El funcionario dice que el Estado está trabajando en todos los niveles para que la corrupción deje de ser la constante y se convierta en la excepción.

La última hazaña de la Secretaría de Transparencia fue congelar la adjudicación del negocio de chance de Sucre donde tenía intereses, Enilse López, 'La Gata'.

-¿Qué pasó con la adjudicación de Chance en Sucre?

Recibimos en mayo una serie de alertas que decían que los ciudadanos estaban preocupados, que a 'La Gata' le iban a renovar las concesiones del chance por cinco años en los departamentos donde tenía el control. Nos pusimos a investigar y allí efectivamente había un proceso en marcha con la empresa Aposucre que ha sido de 'La Gata' hace dos décadas. Logramos probar que un hijo de Enilse López, que hoy es senador es accionista de esa empresa, lo que a nuestro juicio es una causal de inhabilidad y llevaría a una pérdida de investidura ante el Consejo de Estado.

- Usted había informado que había otras irregularidades ¿cuáles eran?

Comparamos el monto de la licitación con los cálculos del gobierno a través del Consejo de Juegos de Apuesta y Azar, el monto estaría 80 millones de pesos en beneficio del contratista contra los intereses del departamento, eso es detrimento. Luego solicitamos a la Procuraduría un acompañamiento, allí se verificó que los pliegos estaban direccionados a la empresa Aposucre. En primer lugar exigían 15 años de experiencia, requisito que solo podía cumplir la empresa de 'La Gata', además se le daba un puntaje muy alto a las empresas que tuvieran instalados los puntos de chance en todo el departamento, condición que solo podía cumplir dicha empresa. Todas esas circunstancias llevaron a que nosotros hiciéramos un llamado a que se suspendiera la licitación suceso que pasó el pasado miércoles.

-¿El senador al que se refería es Héctor Julio Alfonso López, el hijo de 'La Gata'?

Sí, cuando nosotros investigamos la licitación en Sucre conseguimos la lista de accionistas de Aposucre. Allí el senador aparece con el siete por ciento de participación, un hermano de él tiene el cinco, una empresa que se llama Unicat tiene el 20 y aposucre tenía el 43 por ciento. El argumento jurídico es que si bien el senador López tiene un control minoritario sobre la empresa, tiene de todas maneras un control fáctico sobre ella. Esto en la práctica obvia el precepto constitucional que dice que usted no puede contratar ni por sí, ni por interpuesta persona con el Estado. El Consejo de Estado en algunos pronunciamientos ha dicho que no hay que mirar el porcentaje de participación del posible incurso sino su capacidad de influir sobre la empresa y en ese sentido es claro que Aposucre es de la familia del senador y que él tiene un control sobre la empresa por lo que el estaría incurso en la pérdida de investidura.

- ¿Hay algún otro congresista en la mira de la secretaría de transparencia?

Que yo conozca no. Pero en el futuro el Gobierno está dispuesto a hacer este control. Más allá de consideraciones políticas nosotros debemos ser unos guardianes de las normas de transparencia. En ese sentido si conocemos de senadores que estén incursos en causales de pérdida de investidura es función del Gobierno colocar la respectiva denuncia.

-¿Qué sigue en el caso del chance en Sucre?

El debate que se viene es la calificación que da el Consejo de Juegos de Apuesta y Azar a los concesionarios, allí Aposucre sale mal librado en la precalificación.

Esta semana ese consejo debe mirar si deja en firme esas calificaciones. El estudio revela que Aposucre aproximadamente tiene una deuda de 200 millones de pesos con el departamento. Lo que sigue es hacer un nuevo proceso arrancando de cero donde estaremos muy vigilantes y sobretodo dando las garantías para generar competencia. Un proceso licitatorio donde hay un único proponente no tiene muy buen aspecto y eso ha ocurrido en los distintos chances del país, uno lo que ve es que los chanceros se reparten el país y no compiten entre sí y es ese tipo de situaciones son las que generan la irregularidad que queremos evitar. Queremos que haya competencia en unos pliegos que se van a hacer con mayor objetividad.

- Esa repartición de los chanceros ¿es ilegal?

No me atrevo a decir que es ilegal, uno puede hablar de prácticas restrictivas de la competencia, ese es parte de los temas a analizar. Lo que he notado es que por décadas el Estado ha ido acumulando errores y que en ese sector hizo una vigilancia completamente precaria, como consecuencia de ese desgreño el Gobierno ha tenido frente al chance un miedo a enfrentar las mafias. El Gobierno ve esta oportunidad, del chance en Sucre para jugársela por un chance limpio y transparente.

-¿Va a haber intervención del Estado en los departamentos para controlar ese negocio?

No lo llamaría intervención porque los departamentos siguen siendo autónomos para adjudicar. Lo que el país puede esperar es mayor control fiscal en ese negocio, eso se debe ver en la labor de la Dian, en tomar con seriedad la obligatoriedad de las famosas evaluaciones que deben ser anuales y que se produzcan las sanciones del caso cuando el operador no esté cumpliendo su función. Coljuegos y la superintendencia deben tener unos controles más detallados sobre las finanzas de los chanceros en la medida en que si esos sistemas no son suficientemente desarrollados no sabemos si el 12 por ciento que deben transferir a las arcas corresponde o no a lo que las normas asignan. Esas son algunos ejemplos de medidas para que el chance entre en cintura.

Los nuevos mecanismos

-¿Cómo busca la Secretaría de Transparencia combatir la corrupción?

Primero nosotros no acompañamos procesos, no lo hacemos porque no tenemos tanto personal para hacer ese acompañamiento y tampoco porque correríamos el riesgo de terminar avalando un proceso irregular somos celosos en no ser parte en procesos licitatorios. Hay una excepción los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) donde hacemos una especie de acompañamiento con el mecanismo de denuncias de alto nivel.

-¿En qué consisten las denuncias de alto nivel?

El proponente que sienta que es víctima de una actitud de soborno o que algo que está en el pliego favorece a los demás puede venir a la secretaría y nosotros estudiamos el caso y hacemos la investigación. Lo que esto permite al proponente es salirse del círculo vicioso de que si denuncia genera una aminadversidad de la entidad con la cual a futuro volverá a ser proponente. Queremos además evitar que con argumentos de transparencia se dilaten los procesos contractuales.

-¿De qué se trata el pacto de transparencia?

Este viernes hubo una reunión con los grupos contratantes de la ANI donde ellos firmaron un pacto de transparencia. Allí se comprometieron: Primero, a no gestionar sus intereses a través de terceros, que yo soy amigo del funcionario tal para que él llame a interceder por nosotros; segundo, toda comunicación debe ser oficial; tercero, toda comunicación debe ser al interior de la entidad, para que haya una minuta de las reuniones; cuarto, queda prohibido además que la entidad proponente contrate en los dos años siguientes a las personas que intervinieron en el proceso; quinto, quedan prohibidos los regalos o prebendas de los servidores públicos que puedan inferir en la licitación, es decir, que se acaba con las invitaciones al Gong Club.

- El Presidente de la República ha enfatizado en que la corrupción es un fenómeno muy grave en el país, ¿estos mecanismos si son efectivos para prevenirla?

Estas son acciones específicas que deben permitir que la relación entre el proponente y la entidad sea transparente y si esta se rompe, haya una instancia que es el mecanismo de denuncias de alto nivel donde los proponentes tengan todas las garantías para tramitar sus denuncias.

- ¿En qué basa el Gobierno la estrategia de lucha contra la corrupción?

La lucha contra la corrupción es como la carrera de un ciclista, por un lado debe estar la institucionalidad, la labor de las IAS (Procuraduría, Fiscalía y Contraloría) que están haciendo unas regulaciones para que haya unas reglas de juego claras.

Por el otro, debe estar la ciudadanía, no solo denunciando sino siendo corresponsable de enfrentar la corrupción, porque en estos procesos siempre hay alguien que ofrece y alguien que recibe por eso es importante que el sector privado esté involucrado. Creo que vamos por el camino correcto en la labor preventiva de sensibilización con un papel importante del sector privado que entienda la importancia de no caer en corrupción y por el otro una institución más fortalecida en los temas de lucha contra la corrupción.

- ¿Hay otras estrategias?

Por supuesto, estamos ad portas de aprobar un Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) de unos 250 mil millones de pesos que tiene acciones muy concretas de 20 entidades está basado en temas de prevención y lucha contra la corrupción, si bien no existe una fórmula mágica y perfecta para superar este flagelo estamos dando debates muy importantes sobre lo que vamos a hacer y planeando una hoja de ruta.

- Una de las quejas de la mayoría de personas es que el corrupto no es bien sancionado, ¿en ese Conpes qué sanciones hay para que el corrupto sí sienta la mano del Estado?

Quiero enfatizar en los bienes. Nosotros hemos detectado que uno de los grandes cuellos de botella en la lucha contra la corrupción es perseguir los bienes objeto de los actos de corrupción. En ese sentido hemos fortalecido mucho la inteligencia financiera que estará ligada a la inteligencia de la Policía Nacional y la Judicial de mano con la Fiscalía. Soy consciente que nada sacamos con que a una persona se le meta presa a 3 y 4 años y después salga a disfrutar los millones de dólares producto de la corrupción.

- ¿Es decir que se van a incautar los bienes de los corruptos?

El gran objetivo del Estado debe ser recuperar todos los bienes que los corruptos hayan adquirido con dineros sus dineros, a eso apunta la ley de extinción de dominio que en el congreso tiene ya tres debates. Queremos tener unos procesos más ágiles, rápidos una herramienta más eficaz contra el crimen organizado, nosotros hemos hecho un seguimiento frente a la ley de extensión de dominio y hemos visto que este mecanismo en número de sentencias y en número de recursos recuperados es excesivamente baja, esperamos que con la nueva normativa la recuperación de activos de corrupción sea más eficaz.

- ¿Qué casos se han detectado?

No puedo entrar en detalles pero la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) tiene calculado que de los casos que ellos llevan hay detectados 200 mil millones de pesos de recursos que son objeto de actos de corrupción. Si los judicializamos el presupuesto sería de una magnitud enorme, más o menos, el que maneja la Procuraduría General de la Nación.

- ¿Seguimos con el riesgo de que la normativa quede corta ante los actos de los corruptos?

Diría que el diagnostico es parcialmente cierto. Los delincuentes suelen ir más rápido que las normas. Por eso es tan importante el tema de la inteligencia y por eso uno de los componentes específicos es la inteligencia de la Policía y la UIAF. La corrupción cambia todos los días.

- ¿Cómo ha visto el trabajo de las IAS?

Soy muy respetuoso del trabajo de cada una de ellas, solo anotaría una cuestión, la necesidad que tienen de intercambiar información. Uno ve que un mismo caso de corrupción es investigado por Procuraduría, Fiscalía y Contraloría y ellos no intercambian información por un tema técnico en el que hay que trabajar, la cadena de custodia. Allí se deben enfilar nuestras baterías a lograr una mayor coordinación entre los diferentes organismos.