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Gobierno reactivó licencia con Pdvsa para sustituir tubería de gasoducto Antonio Ricaurte
Para autorizar la intervención por parte de la compañía venezolana, MinMinas y Anla confirmaron la no existencia de procesos sancionatorios
El ministro de Energía, Edwin Palma, en compañía de Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y ministra de Ambiente (E), anunció que se inició un plan junto con la sucursal Colombia de Pdvsa para reactivar la licencia ambiental y sustituir los cinco km de tubería del gasoducto Antonio Ricaurte que hay del lado colombiano.
Palma explicó que esta estructura estaba afectada y desmantelada desde 2019, cuando la licencia fue suspendida durante el gobierno del expresidente Iván Duque, lo cual llevó a que este activo de seguridad energética para el país se deteriorara.
Precisó que, gracias a un acuerdo de cooperación binacional, Venezuela, por medio de Pdvsa, sustituirá la tubería faltante "mientras Colombia avanza en los trámites ambientales y técnicos necesarios para reactivar la licencia y permitir las obras".
Para autorizar la intervención por parte de la compañía venezolana, la cartera y la Anla confirmaron la validez de la licencia ambiental y constataron la no existencia de procesos sancionatorios, de tal forma que se pueda dar inicio a las labores de reposición que cumplan las normas ambientales y las requeridas en el trazado original del gasoducto.
"Nuestro compromiso es recuperar esa capacidad y restablecer la integración energética regional, para garantizar el abastecimiento de gas a los hogares, la industria y la generación eléctrica del país", recalcó el minEnergía.
Cabe recordar que el gasoducto Antonio Ricaurte fue inaugurado en 2007 y tiene una longitud total de 225 kilómetros entre ambos países. Con su primera fase, se buscaba trasladar gas desde La Guajira hasta el Lago Maracaibo. No obstante, la segunda fase fue interrumpida antes de que se pudiera activar el transporte de molécula desde Venezuela hacia Colombia. Esta infraestructura tiene una capacidad de movilización de 500 millones de pies cúbicos de gas y costó US$230 millones.
Según el análisis para la vigencia 2026-2027, la energía firme del sistema estaría 7,8% por debajo de la demanda prevista, una brecha equivalente a unos 28 días de consumo
El CGN afirmó que comparte el objetivo de mejorar el ingreso de los hogares, pero recordó que su definición corresponde a la Comisión Permanente de Concertación Salarial, considerando el IPC
El mandatario se refirió a la decisión como "un mecanismo extraordinario dirigido y con 0% de interés". En conjunto, las EPS en conjunto acumulan deudas que podrían estar por encima de $9 billones