Los alcaldes tendrán facultades especiales para habilitar suelos

El proyecto de vivienda que propone medidas para impulsar la construcción de unidades habitacionales tanto prioritarias como de interés social comenzó su discusión en el Congreso y en su contenido es evidente que el cuello de botella para lograr el desarrollo presupuestado del Gobierno está en la habilitación de suelos.

Es por esta razón que en el proyecto se destaca un artículo transitorio, de por si polémico, que le da facultades especiales a los alcaldes con el fin de lograr incorporar suelo rural y suburbano para expandir el perímetro que se requiere para hacer las viviendas.

La ponencia del proyecto de ley que conoció LR, cuenta con 30 artículos adicionales a la propuesta inicial que presentó el Gobierno, ya que la iniciativa cuenta con los aportes de los ponentes. Lo cierto es que el preacuerdo inicial da mayores garantías a esta ley que posibilita los proyectos ambiciosos del presidente Juan Manuel Santos como son la entrega de 100 mil viviendas gratis y llegar al millón de unidades iniciadas durante su administración.

Dicha disposición si bien se considera necesaria para garantizar el desarrollo de programas de vivienda a 2014 también -según expertos- entraña peligros si los mandatarios locales se desvían del propósito.

Para Germán Vargas LLeras, ministro de Vivienda, es fundamental que los alcaldes participen en forma activa y por esta razón continuará realizando reuniones regionales para lograr este propósito,

Pero más allá de un estímulo a los alcaldes municipales o distritales lo que se propone en la norma es que se pueda incorporar al perímetro urbano los predios localizados en las áreas rurales, suburbano y de expansión urbana a los planes de vivienda de interés social y prioritario mediante el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La norma busca, además, abreviar los trámites que tendrán que hacer los mandatarios locales y define que los ajustes que hagan al POT lo sometan a la aprobación directa del Concejo Municipal o Distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consultas previstas en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997.

Aunque hay mayores facultades se establecen condiciones como tratar que los predios que habiliten cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y que tengan garantizada la articulación con los sistemas de movilidad existentes en el municipio o distrito.

El objetivo es que los predios incorporados al perímetro urbano queden sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Con la medida se puede saltar trámites considerados engorrosos como es el desarrollo de un plan parcial o de instrumentos de planificación complementaria.

Otra condición para los alcaldes radica en que los predios no deben colindar ni estén ubicados en áreas de conservación y protección ambiental tales como las reservas forestales, de manejo especial o de importancia ecosistémica.

La norma incluso prevé una disposición para saltarse los concejos municipales en caso que no discutan las medidas que proponen los alcaldes porque estos podrán ajustar el POT por decreto. El proyecto especifica que esta determinación la podrán tomar si transcurridos 30 días desde la presentación del proyecto de ajuste al POT no toman una decisión o la niegan sin base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados.

Alcances
Expertos consultados coinciden en que las facultades para los alcaldes son necesarias aunque deben contar con un control riguroso y vigilancia para evitar que se violen las disposiciones y se tengan tierras adecuadas que cumplan la normatividad ambiental.

Para Alberto Jaramillo, gerente General de la constructora Urbansa, es importante que se facilite la habilitación de suelos porque este punto es clave para desarrollar las viviendas debido a que los trámites actualmente son difíciles y lleva mucho tiempo contar con los terrenos indicados. Según el experto, en áreas como Bogotá y Cundinamarca es vital que se anexe suelo urbanizable.

Durante el debate que se dio en las comisiones séptimas los congresistas manifestaron su preocupación por el trámite abreviado de varias medidas que pueda desencadenar en problemas de calidad.

En este sentido, la senadora Gilma Jiménez le exigió al Gobierno Nacional garantías para que las construcciones tengan los mejores estándares de calidad urbana. Jiménez señaló que los proyectos tienen que contar con parques, andenes, vías adecuadas y otras facilites como colegios y jardines infantiles.

La congresista destacó que las tierras deben ser aptas para la cantidad de personas que habitarán los complejos de construcciones que se realizarán.

Roberto Moreno, presidente de Amarilo, dijo que la medida tiene grandes ventajas porque al saltarse los planes parciales se habilitarán suelos y por lo tanto esto llevaría a que disminuyan los precios de la tierra, que por la escasez se encuentran muy altos.

El pero de este tema, para Moreno, está en que los alcaldes deben ser conscientes en que se necesita contar con un urbanismo de primera calidad donde existan complejos de vivienda con zonas verdes y espacios públicos adecuados, entre otros beneficios que hagan que sus habitantes tengan buenas condiciones de vida.

A su turno, Nadia Morales, presidenta de Fedelonjas, explicó que es importante que agilicen la gestión de suelos porque el tema se ha convertido en una traba para el desarrollo de proyectos de vivienda social.

Morales considera que si bien los alcaldes en primera instancia tendrán que pedir la aprobación del Concejo Municipal para hacer las modificaciones al POT, es una ventaja que se fije un plazo para que este se manifieste porque así se podrá habilitar suelos en tiempo récord.

Acuerdos público- privados para hacer las obras
En materia de vivienda de interés prioritario el proyecto cuenta con un capítulo el cual pretende generar mecanismos que permitan el trabajo conjunto del sector privado y el sector público. En todo caso se establece que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá determinar, inicialmente, los criterios de distribución de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, para que este los aplique y proceda a su ejecución. Si bien la iniciativa incluye la participación de los privados, hay preocupación entre las constructoras porque serán ellas las que tendrán que inicialmente que poner el capital que luego reembolsará el gobierno en cuotas.

Las opiniones

Alberto Jaramillo
Gerente general de Urbansa
'Es necesario que a los alcaldes se le otorguen facultades extraordinarias para poder agilizar los trámites y lograr que efectivamente se otorgue suelo para los proyectos'.

Gilma Jiménez
Senadora de la República
'Se debe garantizar que las tierras destinadas para los proyectos sean aptas para la cantidad de personas que las habitarán y que las viviendas cumplan los estándares de calidad'.

Roberto Moreno
Presidente de Amarilo
'La medida tiene grandes ventajas porque al omitir los planes parciales se habilitan más suelo y por lo tanto pueden bajar los precios de la tierra, que por la escasez están muy altos'.