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Centro de Estudios Anif publicó un informe sobre las alertas a las cuentas fiscales del gobierno, incluido cambio en la regla fiscal
El Gobierno nacional enfrenta en 2024 el desafío de cumplir con su promesa de la reactivación económica y, al mismo tiempo, de asegurar un buen desempeño de las cuentas fiscales, una situación que diferentes centros de estudio y economistas han alertado su bajo rendimiento en lo que va de año.
El Centro de Estudios Económicos Anif ha sido uno de estos centros. Este lunes publicaron un nuevo informe en el que, entre sus principales conclusiones, exponen que el Ministerio de Hacienda tendría dificultades para cumplir el plan financiero de este año.
“En sumas y restas, el Gobierno estaría corto este año entre $4 y $9 billones para lograr la meta planteada de déficit fiscal de 5,3% del PIB”, expuso el Anif en el informe de análisis.
El primer punto a resaltar fue el bajo recaudo tributario en el primer trimestre a causa, dijeron los expertos, de la tenue actividad económica.
Durante el primer trimestre de este año se recaudaron $67,2 billones, lo que representó un crecimiento nominal de 4,7% anual. No obstante, el recaudo tiene tres meses seguidos con tasa de crecimiento negativo en términos reales.
“En términos reales, durante los primeros tres meses de 2024, el recaudo estuvo en niveles muy similares a los de 2022 y 2023, evidenciando un estancamiento en los mismos niveles de hace dos años”, registró el informe del centro de estudios.
“Estamos en los procesos de construcción de borradores de, al menos, tres proyectos. El primero tiene que ver con estímulos, como reducir la renta de las empresas”.
“Esto podría llevar a un deterioro en las métricas de deuda, lo cual afectaría negativamente la fortaleza del Gobierno colombiano, poniendo presión sobre el perfil crediticio soberano”.
Según Anif, esto se explica por un menor dinamismo económico y un bajo desempeño de las actividades económicas que mayormente aportan, como lo son las carteras de minas y cantera; industria y comercio.
“También refleja la poca capacidad de la economía para generar ingresos tributarios adicionales en momentos de menor dinamismo económico”, dice el texto.
Esta situación revela que el recaudo estaría entre $2 y $3 billones, por debajo de los $289 billones proyectados anteriormente en el plan financiero.
A principios de este año, los centros de estudios, analistas y hasta el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, alertaron sobre el propósito del Gobierno nacional de tener en cuenta como corrientes los ingresos provenientes de un proyecto de ley de litigios que aún no está en trámite en el Congreso de la República, porque se le dio la prioridad a la discusión de las reformas sociales, como la de salud, educación y la pensional.
Según el análisis del Carf en ese momento, tener en cuenta estos recursos no sería recomendable para el cumplimiento de la regla fiscal.
Este debate volvió a revivir en la opinión pública luego de las declaraciones del director de la Dian, Luis Carlos Reyes, acerca de que la entidad “no sobrevendió” la meta de recaudo por el arbitraje de los litigios.
Frente a esto, Anif prevé ahora que los ingresos fiscales por este concepto serán inferiores a $2 billones, lo cual aumentaría el faltante de recursos proyectados para este año entre un rango de $11 y $15 billones.
“Esta situación de menores ingresos fiscales podría apretar la caja del Gobierno si el nivel de ejecución de gasto se acelera”, expuso Anif en informe, que también expone la reducción de los saldos de los depósitos de la Dirección del Tesoro Nacional luego del pago de “una parte importante” de la cuenta por pagar asociada al Fepc.
Con este escenario de fondo, Anif asegura que el Gobierno “debe sincerar sus cuentas fiscales” donde se corrija “el faltante de ingresos por litigios, mitigados parcialmente por la suspensión temporal del fallo de la Corte Constitucional frente al tema de la no deducibilidad de regalías del sector de hidrocarburos”.
Sincerar las cuentas, prevé la entidad, implicaría reconocer un recorte de gasto de entre $4 y $9 billones, para lograr la meta planteada de un déficit fiscal de 5,3% del PIB para este año.
La calificadora de riesgo Moody’s se pronunció este lunes sobre el proyecto del Ministerio de Hacienda para flexibilizar la regla fiscal, en línea con la reactivación económica. Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de Moody’s Ratings, aseguró que la entidad analizará si “esto pudiera llevar a un deterioro en las métricas de deuda, lo cual afectaría negativamente la fortaleza fiscal del Gobierno, poniendo presión sobre el perfil crediticio soberano”. Merino agregó que el manejo prudente de los últimos años contribuyó al perfil crediticio actual del país.
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