Las situaciones que demostrarían que hay explotación económica en un terreno

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Demostrar que un predio se explota o aprovecha económicamente será la tarea de muchos propietarios si el proyecto de ley de tierras continúa su camino legislativo, después de ser radicado en el Ministerio del Interior para realizar consulta previa con comunidades.

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Para los productores que durante años han sostenido alguna actividad de forma ininterrumpida será una tarea fácil, pero para quienes tienen los terrenos sin explotar o piensan destinarlos a actividades agropecuarias de más largo aliento, podría llegar a ser un dolor de cabeza.

Recordemos que uno de los puntos más controversiales del articulado, sobre todo para los productores agropecuarios, es la definición de explotación de la tierra. Según el artículo 17 del proyecto, los predios no explotados serán en los que se verifique que “no se adelanta ninguna clase de actividad económica agropecuaria o no agropecuaria que pueda generar ingresos” o en los que, a través de contratos de uso, no se desarrolle actividad económica.

Sin embargo, el artículo 18 contempla algunas excepciones, con las que el propietario podría evitar una sanción, e incluso una posible extinción de dominio. El principal será mostrar un plan productivo de intervención o manejo, o una licencia o permiso ambiental, de construcción, contratos de concesión u otros acuerdos de explotación de recursos o bienes, con los que se puede inferir la existencia de un plan productivo.

Sin embargo, para Juan Pablo Fernández, analista económico, permitir licencias de construcción o contratos como garantías de uso de la tierra solo incrementaría el valor de los predios como alcancía. “El problema con quienes tienen los terrenos es que no son productores, sino rentistas, y la tierra no se ve como un factor de producción, sino de especulación inmobiliaria”.

La excepción también cobijaría a quienes ostentan títulos de explotación minera o cualquier otra concesión en la que se haga uso de la tierra. Pero Fernández aseguró que en estos casos “la obtención de un contrato de concesión materializa la concepción de tener los bienes como una alcancía” y no la esencia del la ley que busca dar un uso productivo a la tierra.

Pero, ¿cuál es el criterio para definir la productividad de los predios? Según Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), esta es una de las funciones que tendrá la entidad. “Lo que queremos orientar es una decisión estratégica y planificada especialmente cuando de inversión pública se trata”. Por eso, la Upra ha trabajado con los gremios en procesos de planificación.

En estos se definen las zonas más aptas para el establecimiento de plantaciones forestales, cultivos agrícolas u otro tipo de desarrollos agropecuarios. Fonseca afirmó que “antes de la propia ley una de las funciones que tiene la Upra es hacer una evaluación de la tierra” que se hace con base en los estudios de suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otros criterios agroclimáticos y de los cultivos, para encontrar los suelos más aptos para el desarrollo en las áreas que hoy se destinan a estas actividades.

Andrés Espinosa, CEO de Inverdies, consideró que la explotación económica muchas veces no es posible por ausencia del Estado. “Si no hay vías terciarias para sacar los productos, puertos y transporte a los centros urbanos es difícil hacer productiva la tierra”.