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En este tiempo, de acuerdo con Asecarga, las pérdidas acumuladas por la parálisis de los transportadores alcanzarían los $2,6 billones, incluyendo factores como las pérdidas agropecuarias, los daños a vehículos y actividades conexas, como la hotelería, restaurantes, mano de obra y talleres.
El Gobierno y los cuatro gremios que participan en el paro completaron 360 horas de reuniones en las que todavía quedan pendientes algunos puntos por resolver.
En virtud de esas diferencias que existen, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, dijo que junto con los gremios camioneros, compañías de transportadores y otros actores de la cadena, concluyeron la necesidad de modificar la política pública del transporte en el país.
Como parte de estas modificaciones, el ministro aseguró que “por ningún motivo vamos a volver a la tabla de fletes” y explicó que se va a tener “un sistema de costos efectivos para el país, actualizado en tiempo real, que reconozca los costos de los peajes, de combustible y de las variables en Colombia, pero no volveremos a la tabla de fletes”.
Así mismo, Rojas destacó que “para la coyuntura hemos propuesto sostener el uno a uno, sostener pero fortalecido el programa de chatarrización para que se de más rápido y efectivo, blindándola de la corrupción, de la intermediación, de todos los hechos que la han rodeado y que los recursos le lleguen al pequeño transportador”.
En relación con el rumor de la llegada de una gran compañía al país, con lo que el Gobierno estaría guardando cupos de transporte para entregar, el funcionario desmintió que eso esté pasando, pues “en Colombia está vigente el modelo de que si llega un vehículo sale uno, por lo que el Gobierno no puede guardar cupos y no lo está haciendo. Se tiene que sacar un carro para poder ingresar otro y en eso nos mantenemos”.
Por su parte, la Andi condenó los actos ilegales que se han dando en torno a las protestas y advirtió que “las extorsiones y chantajes, las quemas de camiones y amenazas directas a conductores, empresas de transporte y generadores de carga son totalmente inaceptables y deben ser investigadas y judicializadas”, al tiempo que reiteró su apoyo al Gobierno .
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