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La alarma la encendió la Unidad de Pensiones y Parafiscales (Ugpp) al encontrar irregularidades en 1.062 certificaciones salariales de profesores que fueron contratados por la Gobernación de Cundinamarca.
“Una docente que hizo la reliquidación de su pensión alertó que las cifras de remuneración que aparecían en sus documentos no eran correctas y pidió a la Gobernación una validación. Esa respuesta confirmó que la certificación era falsa”, contó Gloria Cortés, directora de la Ugpp.
La verificación de la docente que encontró el error de sus certificados, puso en alerta a los asesores. Más cuando la pensionada manifestó que esos certificados fueron tramitados por uno de los abogados y ex funcionarios de Cajanal.
“Al asesor le llama la atención porque el abogado que realizó este trámite es uno de los que realiza el mayor número de trámites. Eso prendió las alarmas porque así como sucedía con este caso podían presentarse muchos más. No nos equivocamos”, relató Cortés.
En ese sentido, los más de 1.000 docentes buscaban tener un mayor valor de pensión a través de una re liquidación con certificaciones falsas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. La pesquisa de la Ugpp llevó a pedir la verificación a la Secretaría de Educación del departamento de 2.437 certificaciones y que a la fecha han tenido respuesta de 1.086 certificados (con 98% de las solicitudes falsas). “Encontramos que el abogado se turnaba con otros tres como suplente o principal en los casos que tramitaban ante la Gobernación”, agregó Gloria Cortés.
La entidad, creada por el Plan de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República en 2007, entró en operación hasta 2011. La Ugpp funciona con un presupuesto, en promedio, de $158.000 millones anuales. Para 2015, la Nación le destinó, vía Presupuesto General, $8.000 millones para destinarlo a inversión. Su objetivo es reconocer los derechos pensionales de los ciudadanos. También hace seguimiento, de los pagos parafiscales de los empleadores.
El año pasado, la Ugpp había comenzado procesos a 230.000 obligados, es decir, entre empresas y personas naturales que debían hacer pagos parafiscales. En lo corrido de ese año se habían fiscalizado 119.000 obligados, de los cuales 65.000 son independientes y 54.000 son empresas.
Actualmente, las acciones que se vienen realizando de fiscalización tienen un valor de indicio de cerca de $2 billones.
Docentes deberán devolver dinero
De acuerdo con la directora de la Ugpp, Gloria Cortés, los docentes que salieron beneficiados y no reportaron la anomalía con su remuneración, deberán devolver el dinero que no les corresponde. “Nosotros estamos haciendo un estudio jurídico para que las personas que tuvieron este comportamiento de falsedad pierdan la pensión gracia que les aplica a los docentes. Acá no puede haber un recibo de buena fe y están obligados a devolver”, agregó Cortés. La funcionaria advirtió que los exfuncionarios de Cajanal llevan procesos en otros departamentos del país.
Las opiniones
Gloria Cortés
Directora Ugpp
“Los trámites de estas pensiones tienen una predisposición a cometer delito y no son aislados. Pueden estar en más zonas”.
Contraloría General informó el ingreso de $1,8 billones en la actual administración. Los beneficios fiscales sumaron $2,6 billones
El embajador tiene experiencia en el sector diplomático desde 1988, con roles de asesoría, jefe de misión y dirección de soberanía
La marcha comienza a las 10:00 a.m. en las principales ciudades del país: llueve en el Parque Nacional pero se ve gran movimiento
